¿Es sostenible el aumento salarial?

Los empresarios del país recibieron con preocupación el anuncio de aumento salarial para los trabajadores por los riesgos que significa una medida de esta naturaleza para la estabilidad del sector productivo nacional, que además de sufrir las más altas presiones tributarias de la región, deben afrontar la dura competencia del contrabando. Es cada vez mayor la percepción de que el trabajo honesto en Bolivia se ve perjudicado por la corrupción, las ganancias ilícitas producto del narcotráfico, evasión impositiva y lavado de dinero.

Frente a esa realidad se hace dificultoso el sostenimiento de proyectos productivos privados, en un ambiente que desalienta las inversiones y fomenta la informalidad, que según la Confederación de Empresarios privados alcanza al 70% de la economía nacional, aunque otras consideraciones elevan la estimación al 80%. Lo cierto es que la mayoría de los empleos en el país provienen del sector informal que incumple las normas de seguridad social, paga poco, explota a los trabajadores que se resignan a esa precaria situación por lograr algún ingreso, mientras el gobierno sostiene que el desempleo en nuestro país es el más bajo de la región. ¿Podrán sostener en el tiempo las empresas los nuevos salarios? o se está ahogando a los negocios que se verán obligados a cerrar actividades?

Los empresarios privados de Bolivia alertaron sobre las consecuencias de que el incremento salarial pactado entre el Gobierno y la COB profundizará la informalidad y el desempleo en el país. La Cámara Nacional de Comercio expresó en un comunicado su preocupación sobre los efectos del incremento salarial que además de aumentar la informalidad, fomentará el subempleo y la desigualdad estructural entre aquellos pocos que pueden acceder a una fuente de empleo digna y el resto de la población trabajadora.

Los empresarios calificaron al incremento de sueldos como “una medida política aprobada por presión sindical de los trabajadores en un clima preelectoral”. La determinación sin duda afecta al sector productivo que en días pasados anunciaba su intención de desarrollar amplias actividades para aumentar las inversiones y la productividad nacional. Durante su discurso de posesión, el nuevo presidente del IBCE (gestión 2019-2020), Pedro Colanzi, señaló que trabajará por más inversión y exportación. Destacó el objetivo de convertir el comercio exterior en un instrumento para el desarrollo; conseguir la liberación total de las exportaciones; combate frontal al contrabando y triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025. El Gerente del IBCE, Gary Antonio Rodríguez, explicó que el nuevo titular del Instituto Boliviano de Comercio Exterior lamentó que la pérdida de mercados externos y del propio mercado interno haya provocado ya el cierre de más de 4.000 unidades productivas -90% pequeñas- y se haya perdido más de 25.000 empleos. Pero al mismo tiempo, abrió la esperanza de que «considerando el enorme potencial del país, Bolivia podría convertirse en un gran productor y exportador de productos forestales, ya que la demanda mundial es inconmensurable. La reactivación del sector generaría más de 100.000 nuevos empleos sostenibles y de calidad, y más de 1.300 millones de dólares, a mediano plazo».

Para Colanzi -si el Estado controla el contrabando y las importaciones que compiten con una ventaja inequitativa en el mercado interno; si una política de Estado estimula el aprovechamiento sustentable de los bosques y las plantaciones forestales industriales, e impulsa y facilita la exportación con valor agregado, entonces habrá más inversión, se producirá más para el mercado interno y externo, Bolivia crecerá más y habrá más empleo.

Lamentablemente, la realidad nos muestra una marcada discordancia entre las políticas de gobierno y las necesidades del país, y como consecuencia, el objetivo de lograr que la mayoría de los bolivianos tengan un empleo digno, con una cobertura de salud efectiva, jubilaciones y salarios justos, es por el momento una aspiración lejana que no podrá alcanzarse con políticas que limitan las exportaciones, alientan el contrabando e impiden el desarrollo de la iniciativa privada.