Expertos de la OEA creen que hay “fundamento” para llevar a Venezuela a CPI

Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que existe un “fundamento razonable” para considerar que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, puede ser denunciado ante la CPI.

En su informe, presentado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, el panel de expertos concluye que los crímenes de lesa humanidad se cometieron con “una intención política” para ejercer el “control social” sobre una parte de la población.

“Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que forma parte del grupo de expertos.

Los expertos consideran que Maduro, las Fuerzas Armadas y algunos miembros de su Gobierno son “los autores intelectuales de la represión, o guerra en contra del enemigo interno”.

“Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos de violencia sexual, y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar”, reza el reporte.

Por ello, el grupo recomienda a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la responsabilidad penal de once individuos, encabezados por Maduro; su actual vicepresidente, Tareck el Aissami, nombrado en 2017; su antecesor en la Vicepresidencia, Jorge Arreaza Montserrat (2013-2016); así como otros miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El informe asegura que, desde las marchas antigubernamentales de 2014 se han registrado 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados “colectivos”, ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.

Además, según detalló Cantón, Venezuela ha registrado 8.292 homicidios desde 2015; 12.000 detenciones arbitrarias desde la elección de Maduro en 2013; 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.

La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los Estados miembro del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

De los 34 Estados miembros de la OEA, 28 (incluido Venezuela) han ratificado el Estatuto de Roma.
Si ningún país denunciara a Venezuela, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional.

La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que, si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.

“Solo puede haber justicia si se juzga a los más altos responsables”, afirmó Almagro, que intervino al comienzo de la rueda de prensa en la OEA.

La idea de investigar a Venezuela nació después de que Almagro presentara en julio de 2017 su tercer informe sobre el país, en el que alertaba de posibles crímenes de lesa humanidad.

De esa forma, Almagro eligió a Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012), para que iniciara una investigación.

Ocampo abandonó esa investigación en octubre de 2017 y las pesquisas cayeron en manos de un panel de expertos, compuesto por Cantón, Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.

El informe fue elaborado a partir de 26 testimonios de personas que intervinieron en unas audiencias celebradas el año pasado en la OEA, así como docenas de testimonios de víctimas entregados a la Secretaría General y documentos de más de 40 organizaciones no gubernamentales.

La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, y siempre que quede demostrado que la Justicia venezolana no los está investigando.

La Fiscalía de la CPI ya anunció el 8 de febrero la apertura de un examen preliminar a Venezuela por petición de un grupo de legisladores latinoamericanos, entre quienes figura Iván Duque, candidato a la Presidencia de Colombia, que aseguró que si gana los comicios denunciará a Venezuela ante la corte.

En los 15 años de vida la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que algún país lo hiciera con Venezuela.