Freno a las corrientes izquierdistas

El péndulo político en Latinoamérica se inclina cada vez más hacia las tendencias democráticas y de centro derecha, alejándose de la corriente izquierdista, que en la última década gravitó en varios países de la región. Esta postura se refleja no solamente con la llegada al poder, en varios países, de fuerzas alejadas de los partidos radicales, sino con acciones concretas que ponen en cuarentena a los proyectos prohijados en la guerrilla, el narcotráfico, la corrupción y la violencia. La tolerancia hacia los grupos narco-guerrilleros parece diluirse mientras se generalizan acciones en contra de los países generadores de iniciativas izquierdistas.

Los movimientos guerrilleros ya no tendrán la tolerancia con la que en Colombia se abrieron paso para actuar como partidos políticos, olvidando la muerte, los secuestros, las torturas a miles de ciudadanos de ese país. Asimismo, los organismos internacionales que apoyan las acciones antidemocráticas, están perdiendo vigencia.

Una de las acciones concretas fue anunciada por el presidente electo de Colombia, Iván Duque, quién invitó a otros países a abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por haberse convertido en «cómplice de la dictadura venezolana» y exhortó a reforzar la Organización de Estados Americanos (OEA). Duque hizo esas declaraciones después de reunirse en Washington con el secretario de la OEA, Luis Almagro.

Duque Instó también a los países de la región a fortalecer la Carta Democrática. Recordemos que en abril seis de los Estados miembros de Unasur (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) suspendieron su participación en ese organismo de forma indefinida por su inacción frente a lo que ocurre en Venezuela.

En cuanto a los grupos guerrilleros, el nuevo esquema político que gobernará desde agosto en Colombia, rechazó la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, que instó al Congreso de Colombia que ponga en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), un aspecto crucial de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.

El sistema se encuentra atascado desde que el candidato uribista Iván Duque ganara las elecciones presidenciales el pasado 17 de junio. Una misión de la ONU hizo un llamado “a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”. Pero el Centro Democrático, el partido fundado por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, critica el acuerdo por pretender olvidar los crímenes del pasado perpetrados por los guerrilleros, que ahora ya formaron su partido político y pretender llegar al Congreso.

El acuerdo fue pactado en La Habana después de cuatro años de negociaciones. Según la óptica de los gestores del proceso de paz, el conflicto armado ha terminado, el grupo insurgente fundó un partido político que cuenta con un apoyo social prácticamente nulo. Pero hay grupos guerrilleros disidentes que continúan el hostigamiento en la selva.

El frente que llevó al gobierno a Duque aplazó en el Parlamento, de manera indefinida, la aprobación del reglamento de ese sistema de justicia especial encargado de juzgar los guerrilleros. El Centro Democrático está decidido a exhibir la fortaleza de sus sectores más radicales y rechazó sin matices el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU que pide acelerar el proceso de paz aprobando el reglamento. La bancada del partido que asumirá el gobierno en agosto, en un comunicado, señala que “no acepta sus exigencias”. “Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como obstáculos”, argumenta esta formación, que apela a la legitimidad que, según su criterio, le otorga la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de octubre de 2016 y el triunfo de Duque en las elecciones presidenciales.