Gobierno venezolano y ONG discrepan en cifra “presos políticos” excarcelados

El Gobierno venezolano y la ONG Foro Penal (FP) continuaron con sus discrepancias sobre cuántos de los 80 excarcelados en los últimos días relacionados con “violencia política” son “presos políticos” como los califica la oposición.

Mientras que el oficialismo aseguró que la totalidad de los liberados, muchos con restricciones, estaban detenidos por participar de alguna forma en las manifestaciones violentas que sacudieron Venezuela entre 2014 y 2017, el FP rebajó el número a 52 personas.

“Hasta el momento 80 personas han sido beneficiadas de estas medidas”, dijo la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, sobre los excarcelados en los últimos días.

Unas liberaciones solicitadas hace días a la plenipotenciaria ANC por el reelegido presidente Nicolás Maduro en “aras de la paz y el diálogo” dentro del plan de acercamiento con la oposición anunciado por el jefe del Ejecutivo.

Rodríguez hizo estas declaraciones tras entrevistarse con el Comité de Víctimas de la Guarimba (protesta violenta) que sacudieron el país en 2017 y que se saldaron con más de 150 muertos, según estimaciones independientes, y explicó que de los 80 excarcelados el 95 % no había sido condenado y permanecía en “situación procesal”.

No especificó cuántos gozan desde la semana pasada de libertad plena y cuáles tienen su excarcelación condicionada a un régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país o de hacer declaraciones públicas.

La excanciller reiteró que las medidas aprobadas por el Tribunal Supremo de Justicia buscan evitar nuevos “episodios de violencia para la desestabilización contra el orden institucional (y) contra la paz de la República”.

Recordó además que los integrantes de los cuerpos de seguridad detenidos ante la presunción de violar los derechos humanos de los manifestantes durante las protestas “están excluidos de las medidas”.

Tampoco tendrán estos beneficios procesales los juzgados por homicidio “o agresiones graves contra la integridad física de un venezolano o de una venezolana”, añadió.

Las cifras facilitadas por la ANC fueron rebatidas una vez más por el FP, organización que se encarga de la defensa de muchos de ellos y a los que consideran, junto con la oposición, “presos políticos”.

“Con 5 nuevas excarcelaciones de anoche, luego de los actos de Casa Amarilla de 1 y 2 de Junio hemos verificado que se han excarcelado 52 #PresosPolíticos hasta ahora”, informó el director ejecutivo de esta organización, Alfredo Romero en su cuenta de Twitter, quien aseguró que “se mantienen 302 #PresosPolíticos”.

Romero especificó, en otro mensaje, que los liberados fueron “5 ejecutivos de Credicard, quienes tenían boleta de excarcelación desde el 6 de abril de 2018”, una información todavía por confirmar por las autoridades.

El Ejecutivo ha acusado al Consorcio Credicard, que opera el sistema de pago con tarjetas de débito y crédito de 22 entidades bancarias del país, de presunta complicidad “en delitos contra la Patria mediante la inoperatividad de la plataforma”.

En una rueda de prensa un poco antes, Romero exigió al Ejecutivo la lista de excarcelaciones para chequear y verificar nombres, apellidos, tiempo detenidos, causas que se le siguen y denuncias y aseguró que desde el FP están “completamente dispuestos” a reunirse “con el Gobierno nacional para entregarle esta lista”.

Denunció que en las últimas semanas han ocurrido nuevas encarcelaciones, una situación que calificó de “efecto puerta giratoria”, mientras se excarcela a personas y recordó que entre los militares “solo en mayo” fueron 26 los detenidos.

Entre los liberados la semana pasada están un exalcalde, un exconcejal, dirigentes estudiantiles, menores de edad, mujeres y los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, que se integraron el martes a los debates en el Parlamento, de mayoría opositora.

Las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo a Maduro excarcelar a todos los “presos políticos” mediante libertades plenas y no con medidas restrictivas como ha ocurrido hasta ahora con la mayoría de los beneficiarios de estas medidas.