Hinojosa: denuncia de privados sobre política salarial carece de fundamento

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, aseguró que la denuncia presentada por los empresarios privados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la política salarial implementada en Bolivia “carece de fundamento”, porque ese sector es consultado, además firma acuerdos con el Gobierno para preservar la estabilidad económica.

“La denuncia planteada por los empresarios carece de fundamento porque ellos han sido consultados constantemente sobre diferentes aspectos económicos del país, es más se cuenta con convenios firmados con el Estado boliviano para preservar la estabilidad económica, incrementar la producción y mantener el empleo”, dijo ayer en la 107 Conferencia de la OIT que se realiza en Ginebra, Suiza, según cita un boletín de prensa.

Los empresarios denunciaron ante la OIT la política salarial del Gobierno porque según dijeron “no responde a la realidad económica” del país.

Con la demanda, los privados buscan activar mecanismos legales para que los gobernantes cumplan con los compromisos adquiridos en el marco del respeto al mundo del trabajo.

Hinojosa explicó, en esa conferencia, que la fijación del salario mínimo nacional sirvió como un mecanismo de distribución de la riqueza, que obliga a los empresarios a compartir las utilidades que “como nunca en la historia de Bolivia han obtenido”.

Manifestó que en todos estos años las ganancias del sector empresarial se han multiplicado por cuatro veces, y la política salarial ha permitido salir de la extrema pobreza a millones de bolivianos, en referencia al Convenio 131 que trata de generar condiciones de igualdad y erradicar la pobreza.

El Ministro de Trabajo destacó que justamente el Gobierno boliviano, bajo el espíritu del Convenio 131, seguirá manteniendo los mecanismos previstos por las leyes para la fijación del salario mínimo y consideró una “farsa infundada” aseverar que existe una política de exclusión del sector privado.

En cuanto a la negociación salarial, la autoridad señaló que tanto los empresarios privados como los trabajadores hacen públicas sus propuestas con relación al salario mínimo y se considera las dos posturas para asumir una determinación.

Así también mencionó que “es infundado” el criterio de que el incremento salarial ponga en riesgo la inversión privada porque el Gobierno cuida la estabilidad laboral y la seguridad jurídica y la prueba es que hubo incremento de empresas privadas.