Inseguridad y violencia

Ofrecer seguridad es una de las mayores preocupaciones tanto de los países como de los organismos internacionales. La más grande movilización de recursos en el mundo, en la última década se ha destinado a la seguridad. Una creciente violencia delictiva está acorralando a los ciudadanos, y desgraciadamente, Latinoamérica es una de las regiones donde la violencia narcotraficante, insurgente, juvenil y de delitos comunes ha crecido más. Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la violencia doméstica.

Se han difundido varios informes internacionales sobre la seguridad ciudadana y la violencia que asola las principales ciudades latinoamericanas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., de México, señala que cinco de las 50 ciudades más violentas del mundo están en nuestro continente y, de las 43 restantes, sólo siete están fuera de la región.

Otro estudio es el Índice Global de la Paz, (visionofhumanity.org) organización australiana no gubernamental, que analiza la violencia enfocada en los conflictos bélicos, considera que ningún país latinoamericano se asemeja a los indicadores de África o el medio oriente, pero coincide con el estudio mexicano en identificar a Venezuela como el caso más dramático de violencia e inseguridad ciudadana.

El primer estudio señala a Caracas (puesto 2), Valencia (puesto 7), Ciudad Guayana (puesto 12) y Barquisimeto (puesto 21) entre las 50 ciudades más inseguras del mundo. El segundo estudio como país, ubica a Venezuela en el puesto 142, uno de los índices más precarios de paz.

En varios países se efectuaron debates sobre la apreciación de los gobiernos en sentido de que es más la sensación, que la inseguridad misma, hecho que fue criticado en todos los estratos sociales y políticos. En realidad, las instituciones policiales de casi todos los países, como excusa, señalan que es más la sensación de inseguridad, que el riesgo o los hechos violentos o casos delictivos.

En Bolivia no existen datos oficiales confiables ni estudios sistemáticos, pero los pocos ensayos que se efectuaron, las encuestas y los hechos noticiosos, que solamente publican los más graves sucesos, muestran un deterioro preocupante; el miedo es una realidad en las principales ciudades, agravado por el hecho de que, a diario, se conocen delitos en los que están involucrados policías, mientras la justicia se debate en peor descrédito.

Ninguna ciudad boliviana aparece entre las 50 más violentas e inseguras del mundo, pero es necesario reconocer que ya la sociedad boliviana está muy lejos de vivir en el ambiente apacible de hace apenas dos décadas atrás. Pero Bolivia es el segundo país de Latinoamérica con indicadores más altos sobre violencia sexual, ya que una de cada 3 mujeres experimenta esta situación cada año, y 4 de cada 5 se ven expuestas a algún tipo de violencia en algún momento de su vida, señala un informe difundido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Igarapé, de Brasil.

El estudio del BID sobre seguridad ciudadana “Haciendo de la Ciudades Lugares Más Seguros”, refiere que la población femenina enfrenta las tasas de violencia de género y doméstica más altas. CIDEM estima que en Bolivia se produce un “feminicidio” (asesinato motivado por razones de género) al menos una vez cada tres días.

Los medios de comunicación difundieron un informe de la Fiscalía General del Estado que revela que hubo 61 casos de mujeres asesinadas, es decir un promedio de 10 muertes por mes entre enero y junio del presente año, y 37 infanticidios. Se registraron 12.746 casos de violencia intrafamiliar y doméstica en los primeros seis meses de 2018. El departamento que tiene mayor índice de violencia es Santa Cruz, con 3.471 casos, luego La Paz con 2.750 y Cochabamba con 2.453, según un informe del Ministerio Público.

La violencia y el crimen crecen en el país pese a que las autoridades lo nieguen, mientras son recurrentes los hechos delictivos en los que aparecen involucrados policías, y la justicia muestra su peor rostro mediante consorcios de jueces, fiscales y abogados, coludidos contra el bien común.