Justicia salvadoreña comienza persecución internacional a expresidente Funes

La Justicia de El Salvador comenzó la persecución internacional al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), acusado de malversar más de 231 millones de dólares, con la decisión de un juez de emitir una orden de captura contra el exmandatario asilado en Nicaragua.

El juez titular del Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó la emisión de una orden de captura internacional contra Funes, dos de sus hijos, su cónyuge y 11 prófugos más vinculados con la trama de corrupción.

Con estas personas suman 32 los enviados a instrucción y con orden de prisión preventiva por supuestamente integrar la estructura que sacó la millonaria cifra de los fondos del Estado a cuentas particulares y que posteriormente lavó el dinero.

El fallo contra Funes, su familia y el resto de imputados estaba pendiente desde el pasado 11 de junio, debido a que no enviaron presentación legal a la audiencia inicial, por lo que el juez tuvo que resolver ante un defensor público en una diligencia “con vista de requerimiento”.

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, explicó que el juez notificará a la oficina de la Interpol en El Salvador sobre su resolución para “poder elevar a la categoría de difusión roja lo ordenado y consecuentemente iniciar la búsqueda a nivel mundial”.

Sin embargo, el funcionario no explicó si la calidad de asilado de Funes afectaría un proceso de extradición desde Nicaragua, país que enfrenta una crisis sociopolítica que ha dejado unos 285 muertos, atribuidos principalmente a las fuerzas del presidente Daniel Ortega.

Algunos analistas salvadoreños han asegurado que el asilo de Funes perdió vigencia al ser acusado penalmente, dado que esta figura sirve únicamente para proteger a perseguidos políticos.

El Gobierno de Nicaragua, un aliado histórico del partido que llevó a Funes al poder, otorgó asilo al expresidente, a su compañera Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas en septiembre de 2016.

Tras conocerse la información sobre el fallo judicial, Funes desestimó en sus redes sociales las declaraciones de los testigos presentados por la Fiscalía, porque estos fueron “amenazados” para testificar en su contra.

“Muchos de los testigos citados por la Fiscalía fueron amenazados de incriminarlos si no declaraban en mi contra”, sostuvo el exmandatario, quien señaló que las personas que aceptaron se acogieron a un criterio de oportunidad.

No obstante, el fiscal Cortez sostuvo que el juez amparó su decisión en un análisis “objetivo” de las evidencias presentadas contra Funes y el resto de personas, pruebas que son “directas” y “vinculantes”.

“Tenemos evidencia que denota la participación de él en el lavado de activos y que lo vincula al delito de peculado”, porque fue “una “pieza indispensable e imprescindible para poder sacar ese dinero de las arcas del Estado”, acotó.

Añadió que estas pruebas también dan cuenta de que el expresidente “favoreció a todo su grupo familiar con beneficios, viajes al exterior, compra de objetos de valor, de vehículos y propiedades”.

Los cargos que enfrentarán Funes y el resto de los imputados en la etapa de instrucción son peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales del delito de encubrimiento.

Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del “cambio” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño de la era democrática del país en ser acusado de apoderarse de dinero público.

Además de Funes y Elías Antonio Saca, en prisión preventiva, el fallecido exgobernante Francisco Flores fue procesado por supuestamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán.

Entre las tres causas penales suman más de 667 millones de dólares supuestamente malversados, de los que la mayor cifra corresponde a Funes, quien encabezó el primer gobierno salvadoreño de izquierda tras el final de la guerra civil (1980-1992).

Antes de darse a conocer el caso de Funes, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó un informe que señala que la corrupción le costó a El Salvador 550,9 millones de dólares entre 1989 y 2014, equivalentes al 2,1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).