La APLP rechaza asfixia financiera a medios y periodistas independientes

La Asociación de Periodistas de La Paz dio a conocer a la opinión pública el siguiente comunicado remitido a JORNADA y a todos los Medios de Comunicación de Bolivia.

«La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) lamenta que el reciente capítulo del debate sobre la asfixia a los medios y periodistas independientes del país haya sido abordado desde una perspectiva meramente financiera y empresarial, sin tomar en cuenta que, en lo esencial, se trata de una práctica, denunciada constantemente por nuestra institución, que vulnera el derecho humano y constitucional de los bolivianos a la libertad de expresión».

El Presidente de la Cámara de Diputados, al ser consultado sobre la asfixia a la cual el poder somete a los medios y periodistas independientes, ha expresado que «la política del Gobierno respecto a la contratación de medios de comunicación es una facultad privativa del Gobierno. Es el Gobierno el que decide a qué medios contratar, a qué medios no; a qué medios dar publicidad y a qué medios no dar publicidad».

La práctica defendida y descrita por el Presidente de la Cámara de Diputados vulnera el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión.

Debemos puntualizar que el Estado ha contraído la obligación de cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que ha establecido estándares de interpretación del derecho a la libertad de expresión y que son de carácter vinculante.

Uno de esos principios señala que «la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial (…), con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibidos por la ley».

Usar el poder del Estado para imponer criterios de restricción mediante la asignación de publicidad gubernamental equivale a establecer mecanismos encubiertos de censura a la información que se considera crítica a las autoridades y, por tanto, se obstruye así el funcionamiento pleno de la democracia, que debe fortalecerse con el más amplio, plural y libre debate de ideas.

Aunque desde el poder se afirma que no hay tal asfixia financiera, basta con citar el caso de la periodista Amalia Pando, quien hace poco se ha dirigido nuevamente a la opinión pública para pedir una contribución voluntaria de cinco dólares por persona, con el fin de sobrevivir a la asfixia a la cual es sometida por el Gobierno, que no sólo no le otorga publicidad oficial, sino que también se ocupa, en palabras de la periodista, de perseguir a los auspiciadores privados que han confiado en su trabajo. El gobierno del MAS en 13 años de gestión ha aprobado 11 (once) leyes y un decreto supremo que afectan la libertad de expresión.

En consecuencia, la APLP expresa que está abierta a proponer las vías más idóneas que optimicen la vigencia del derecho humano a la libertad de expresión -indisolublemente ligado al derecho humano al acceso a la información-, mediante un debate que no sólo considere la eliminación de la asfixia financiera de los medios y periodistas independientes, sino que, más allá de lo meramente económico que se aborda hoy en reuniones entre el Gobierno y los propietarios de medios, establezca garantías para el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la información y a la comunicación.