La nacionalización en Bolivia es “una falacia”: Albarracín

APG

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, cuestionó ayer algunos datos que el presidente Evo Morales dio el pasado 6 de agosto, en la ciudad de Potosí, sobre la nacionalización de los hidrocarburos, inestabilidad en instituciones estatales, entre otros.

El rector de la UMSA calificó de “falacia” y “mito” el discurso de la nacionalización de los recursos naturales que permanentemente enarbola el gobierno. Apuntó además a la inestabilidad institucional en YPFB y Comibol que da como fruto la “corrupción y el debilitamiento de la nación boliviana”.

“Vemos con honda consternación la acelerada entrega de nuestro patrimonio hidrocarburífero y minero a las empresas transnacionales, al mismo estilo de los gobiernos neoliberales y de los regímenes dictatoriales. Es por ello que afirmamos que la mentada nacionalización que tanto enarbola el actual gobierno es sólo un mito, una falacia que hoy debemos desmentir”, asevera Albarracín en un comunicado.

El documento titulado “El carácter neoliberal del gobierno del MAS” hace hincapié en que la defensa de la democracia no solo debe ser alrededor del 21-F, sino “también debe expresarse alrededor de la profunda preocupación de la nación boliviana sobre el destino de sus recursos naturales que son el pan de Bolivia y podrían ser el hambre de mañana si no reaccionamos hoy”.

“Denunciamos también que en más de 12 años de gobierno, las principales empresas estatales del país como son YPFB y COMIBOL son presas de una inestabilidad institucional sin precedentes en la historia reciente de Bolivia que contribuye a la corrupción y al debilitamiento de la nación”, dice el documento.

Los dueños del gas

Según Albarracín, los denominados megacampos hidrocarburíferos, que son la base de la exportación de gas natural y del abastecimiento interno, se encuentran operados por las empresas transnacionales.

Los campos de San Antonio y San Alberto por la brasileña Petrobras; Margarita y Huacaya por la española Repsol e Incahuasi por la francesa Total. “Debemos añadir que en la toma de las decisiones empresariales, que se rigen por las participaciones accionarias, YPFB Corporación tiene una escasa participación: 25.5% en San Antonio y San Alberto; 10% en Incahuasi y ninguna participación en Margarita Huacaya.”

“Por lo tanto, se puede concluir que, en la práctica, Bolivia no decide las políticas que afectan a la explotación de sus campos hidrocarburíferos más importantes. ¿De qué recuperación o nacionalización hablamos?”, se pregunta la máxima autoridad de la UMSA.

Inestabilidad en YPFB

Por otro lado, dice la autoridad, en 12 años y medio de gobierno del MAS no hubo un solo presidente titular de YPFB. Los ocho fueron nominados de forma directa e interina por el Jefe del Estado. La gestión de seis de ellos estuvo afectada por denuncias de corrupción.

“El principal responsable de esta situación es el propio Presidente al no acatar el artículo 159, numeral 12 de la Constitución Política del Estado que le faculta a designar al presidente titular de YPFB, con base en ternas elaboradas por la Cámara de Diputados”, apunta.

Comibol: sin áreas mineras importantes

Al inicio del gobierno del MAS se recuperó Huanuni, Vinto y, luego, Colquiri y se nacionalizó Malku Khota. Ahí se detuvo la intención nacionalizadora. Todas las otras minas de COMIBOL siguen siendo explotadas por empresas privadas, nacionales y transnacionales o cooperativas privadas; de tal manera que la COMIBOL quedó sin áreas de trabajo, dice en su explicación.

“En la actualidad, la COMIBOL sólo controla el 8% de la comercialización de la minería nacional, el 92% restante está en manos privadas. Se ha hablado, permanentemente, de nacionalizaciones y de recuperación de la minería estatal; pero, en estos doce años, las acciones gubernamentales para hacer realidad estas promesas muestran lo contrario”.

Según los datos, Bolivia exporta anualmente, casi, 4 mil millones de dólares en minerales y sólo dejan en regalías e impuestos, poco más de, 300 millones para el Estado, recalca Albarracín.

Denuncia que el sector cooperativo es favorecido por el gobierno por la generación de empleos, condonación de deudas que perjudican a COMIBOL, donaciones y concesiones mineras, “otorgándole espacios de poder”. “Estas cooperativas, con algunas excepciones, ejercen un capitalismo salvaje pues no acatan la normativa laboral ni la ambiental, no pagan impuestos y a menudo están asociadas, como en el caso del oro, a empresas extranjeras como las chinas”.

En relación a los recursos evaporíticos, dijo que “es catastrófico”. Del total de ingresos generados el año 2017, producido tan solo un millón de US$ como el cloruro de potasio y carbonato de litio comparados con los 44 millones por los compuestos de boro (ulexita y ácido bórico), cuyos yacimientos están totalmente privatizados pese al pago de 42 millones por el estado boliviano, asevera.

Comibol desinstitucionalizada

Se advierte un debilitamiento institucional: la cantidad de presidentes de COMIBOL en este periodo del análisis: 8 presidentes –en un momento, la COMIBOL tuvo tres presidentes en un año– provocando una evidente discontinuidad en el trabajo de gestión de la corporación, señala el comunicado.

Salidas a la actual situación

En ese marco de explicación la UMSA propone, la refundación de YPFB y COMIBOL operativos y autárquicos como principales ejes de la exploración, explotación e industrialización de los recursos hidrocarburíferos y mineralógicos, bajo los lineamientos estratégicos del desarrollo nacional y con personal idóneo y profesional, para acabar con el actual entreguismo que comparte la derecha tradicional con la que el MAS se articula, para seguir ejerciendo el gobierno.

Asimismo, dejar de ser solo país minero y pasar a ser país mínimamente metalúrgico, dejando definitivamente de exportar concentrados de minerales y recuperar del sector privado/transnacional el control de las decisiones en los sectores hidrocarburífero y minero.

También propone como una imperiosa necesidad implementar la Triple Hélice, que implica la articulación universidad estatal, sociedad y estado, en la administración de nuestras principales empresas nacionales para garantizar nuestro desarrollo como nación.

Y para terminar, Albarracín señala que debemos recuperar el sistema democrático hoy reducido a su mínima expresión a causa del autoritarismo gubernamental, promover la plena vigencia del estado de derecho y de la Constitución Política del Estado en el marco del respeto a los derechos humanos. “En ese contexto es imperativo el estricto cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas del 21-F por el carácter vinculante del mismo”.