Mesa solicitó al TSJ anular requerimiento acusatorio de Fiscalía

El exmandatario es considerado el responsable del laudo arbitral que Bolivia perdió contra la empresa chilena Quiborax, a la que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares en compensación por la reversión de concesiones mineras en 2004.

APG

El expresidente Carlos Mesa presentó ayer, mediante representante legal, un memorial ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que pidió la anulación de la acusación formal de requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

“Me dirijo a sus autoridades dentro del caso EXP Nº CH 1/2018, denominado “Quiborax”, para que anulen obrados del Fiscal General de Estado hasta el vicio más antiguo, esto es la resolución de admisión de la Proposición Acusatoria, por defectos absolutos de procedimiento, fundamentados en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho”, señala el memorial.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó el lunes, un requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de Mesa, en el que, además, están incluidos los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar; y de Trabajo, Luis Antonio Fernández.

“Esta admisión ha sido adoptada por el Fiscal General del Estado sin tomar en cuenta, previamente, elementos de juicio esenciales para determinar de manera independiente, imparcial, objetiva, transparente y justa, la materia justiciable presente en este caso y a quienes corresponde atribuirla”, indica el memorial de Mesa.

El memorial da cuenta que el proceso seguido por la Fiscalía debe contemplar dos fases, la de extinción de las concesiones y expulsión de la sociedad Non Metallic Minerals, y la de las negociaciones fallidas y la forma como se llevó a cabo la defensa de Bolivia en este proceso arbitral.

Sobre la primera fase, observó que no se haya convocado al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que abrogó su decreto supremo de revocatoria de concesiones de Quiborax en el Salar de Uyuni y ratificó la decisión de extinguir éstas a favor del Estado boliviano.

Sobre la segunda fase, cuestionó que los ministros de Justicia, Héctor Arce; y de Minería, César Navarro; el procurador general, Pablo Menacho, y la exministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, no hayan sido convocados a declarar ni tampoco sean parte del requerimiento acusatorio de la Fiscalía por las “gravísimas irregularidades” en las negociaciones fallidas con Quiborax.

Asimismo, reprocha la poca actuación de la Fiscalía en relación a otras personas que considera “testigos clave”. Como “los abogados Leny Ericka Chávez Barrancos, Carmiña Llorenti Barrientos, que no habiendo asistido a la convocatoria de la Fiscalía, no fue, como corresponde, obligada a comparecer, y Dante Justiniano Segales, que podrían haber aportado elementos de juicio importantísimos sobre la redacción conjunta entre abogados y personeros chilenos de las empresas demandantes y funcionarios de la Procuraduría de proyectos de acuerdos económicos, retiros de acusaciones y sobreseimientos a favor de Allan Fosk y otros ocho coprocesados, en el juicio penal por falsificación del capital accionario que permitió la realización ilegal del arbitraje en contra de Bolivia”.

El exmandatario es considerado el responsable del laudo arbitral que Bolivia perdió contra la empresa chilena Quiborax, a la que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares en compensación por la reversión de concesiones mineras en 2004.

El presidente de la Sala Penal del TSJ, Edwin Aguayo, informó esta jornada que esa instancia remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hasta la siguiente semana, el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra el exdignatario de Estado.