Morales propone una ley contra la mentira que sancione a autoridades y medios

El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso ayer “una ley contra la mentira”, que sancione “al mentiroso” ya sea un medio de comunicación o una autoridad pública, en desarrollo de la Constitución del país.

“Ya hicimos una ley contra la corrupción, estoy pensando, tal vez, hay que preparar una contra la mentira”, aseguró el presidente durante un acto en la región sureña de Chuquisaca.

El mandatario se preguntó “cómo se sanciona al mentiroso, sea autoridad o sean medios de comunicación”.

“Falta completar nuestra Constitución. Ya tenemos una ley contra la corrupción, falta una ley contra la mentira”, sentenció.

El pasado lunes, Morales declaró que algunos medios de comunicación de Bolivia se prestan a mentiras de políticos de la derecha opositora solo por dinero, sin pensar en el interés general del país.

“No están pensando en la patria, más están pensando en la plata”, manifestó en un acto también en Chuquisaca, sin especificar a qué medios aludía.

El Gobierno de Evo Morales acusa desde hace tiempo a algunos medios de comunicación críticos con su gestión de conformar un “cartel de la mentira”, con el fin de desestabilizar al Ejecutivo boliviano, algo que los aludidos han negado.

Esta acusación se reiteró en las últimas semanas ante las protestas de colectivos opositores que reclaman a Morales que cumpla el resultado de un referéndum que le negó la posibilidad de presentarse a la reelección, pese al cual será candidato para los comicios del próximo año en Bolivia.

Vulneración de las leyes en Bolivia

Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió que una “ley contra la mentira” como la que propone el presidente boliviano, Evo Morales, puede vulnerar la Constitución y tratados internacionales firmados por el país.

La propuesta planteada ayer por el presidente fue calificada en un comunicado de esta agrupación como “un nuevo atentado contra la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Bolivia es signatario”.

La entidad aludió a la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al respecto, citó que esta declaración establece que “la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

Asimismo, destacó que la Constitución boliviana determina que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Parlamento de Bolivia, “que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.

La entidad explicó que el texto constitucional señala además que cuando informan de hechos “los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”, que “se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación” de la profesión.

Sin embargo, “los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, por su subjetividad, no necesariamente son demostrables en su exactitud, y pedir pruebas sobre la veracidad de todo lo que se diga, piense o crea, significa censura previa y es totalmente incompatible con la libertad de expresión”, argumentó la agrupación.

“En democracia, la tolerancia a la crítica y a las diferencias de opinión deben merecer respeto tanto de gobernantes como de gobernados”, concluyó.