Nacionalización de Guaracachi fue “legal”, afirma la Procuraduría

El subprocurador del Estado, Javier Moncada, respondió a la denuncia del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) sobre una supuesta irregularidad en la nacionalización de la empresa termoeléctrica de Guaracachi y afirmó que esa compañía fue nacionalizada de forma “legal” y ahorró al Estado más de 10 millones de dólares.

En una conferencia de prensa dijo que la empresa Guaracachi se nacionalizó “cumpliendo estrictamente el derecho internacional”, para generar no sólo mejores condiciones de vida, sino también para mejorar los ingresos para el Estado, contrario a los que pasó con las concesiones mineras de la empresa Quiborax, nacionalizadas por Mesa.

“La nacionalización de la empresa Guarachi por nuestro Gobierno fue legal, al haberse cumplido con el ordenamiento constitucional y jurídico interno de Bolivia. Legalidad equivale a haber cumplido con el derecho nacional e internacional, aquello de lo que se prescindió en la expulsión de la empresa chilena Quiborax”, aseguró.

La respuesta de la Procuraduría del Estado se formalizó un día después que Mesa, a través de su abogado Carlos Alarcón, denunciara que el caso de la nacionalización de Guaracachi es similar a la de Quiborax, por lo que -a juicio del exmandatario- se debería iniciar también un juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales.

Mesa es acusado de daño económico al Estado por una nacionalización irregular de la empresa chilena Quiborax, que explotaba el salar de Uyuni.

Moncada, que dio lectura a la respuesta oficial de la Procuraduría del Estado, insistió que la nacionalización de Guaracahi no fue una medida improvisada y se enmarcó en lo que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por la población en 2009.

Agregó que esa nacionalización fue reconocida como “licita” por el propio “tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje” de la Organización de Naciones Unidas y le “ahorró al pueblo “más de 10 millones de dólares”.

Asimismo afirmó que las nacionalizaciones de las empresas eléctricas Valle Grande, Elfeo, Corani, entre otras, y las compañías de distribución eléctrica y comercialización, como Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser, también cumplieron todos los pasos legales.

“El tribunal arbitral en el caso Guaracachi señala que si la expropiación no se hubiera efectuado por causas de utilidad pública y por un beneficio social relacionado con las necesidades internas de dicha parte contratante la expropiación hubiera sido ilegal; sin embargo, al contrario de la expropiación del caso Quiborax, en la nacionalización de la empresa Guaracachi el tribunal concluyó que el contorno preciso de la utilidad pública y del beneficio social yace en el ordenamiento constitucional y jurídico interno del Estado y en ese caso es evidente que las condiciones se cumplen”, concluyó.