Nicaragua vive violenta jornada, mientras EE.UU. y la UE buscan pacificación

EFE

Nicaragua vivió ayer una nueva jornada violenta, principalmente en la simbólica ciudad de Masaya, donde una operación policial dejó al menos tres muertos y 30 heridos, mientras Estados Unidos y la Unión Europea (UE) intercedieron en la crisis con el fin de contribuir a la pacificación en este país.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció que un ataque perpetrado en la ciudad de Masaya por fuerzas “combinadas” compuestas por policías, antimotines, “parapolicías”, “paramilitares” y fuerzas de choque oficialistas causó al menos tres muertos y 30 heridos.

“Fue un ataque desmedido de fuerzas armadas contra gente desarmada”, dijo el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, a periodistas.

El ataque ocurrió un día después de que habitantes de esa ciudad declararan Masaya “territorio libre del dictador”, en referencia al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

La Policía Nacional, que no confirmó las muertes, dijo después de esa operación que “utilizará los medios necesarios” para mantener el orden en Nicaragua.

En tanto, el Gobierno expresó su compromiso con frenar “esa ola terrorista” en Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que vive este país y que ha dejado 200 muertos, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Nuestro Gobierno, nuestro comandante Daniel, está comprometido con frenar esa ola terrorista”, sostuvo la también primera dama a través de medios oficiales.

Masaya, ubicada 28 kilómetros al sureste de Managua y una de las ciudades más golpeadas durante las protestas, sufrió este martes uno de los ataques más cruentos ejecutados por el Gobierno, con sus fuerzas del orden, que le permitió desmontar barricadas, renovar sus fuerzas policiales y abastecerse de alimentos.

Las autoridades califican las protestas contra el Gobierno de Ortega como “actos terroristas” y acusan al “crimen organizado” que opera en Nicaragua “con armas de fuego, artesanales, morteros y bombas molotov” de alterar el orden público, la paz y tranquilidad de los nicaragüenses.

Ante esa situación, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó en Managua que Washington busca la pacificación de Nicaragua.

“Queremos pacificar el país y que haya paz en Nicaragua”, señaló el diplomático tras reunirse con representantes de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, sociedad civil y campesinos y mantiene un diálogo con el Gobierno nicaragüense.

Trujillo, quien confirmó que se reunirá con Ortega, llegó este martes a Managua para hablar con diferentes grupos previo a la sesión extraordinaria de esta semana del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará un informe sobre su visita en mayo, hallazgos y recomendaciones sobre la crisis actual.

La embajada de EE.UU. afirmó que continúa “apoyando el progreso del diálogo liderado por la Conferencia Episcopal” e instó “al Gobierno de Nicaragua a que emita invitaciones formales tanto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como a la Unión Europea (UE), tal como se acordó en el diálogo”.

En la reanudación del diálogo el pasado viernes, tras una suspensión desde el 23 de mayo, el Ejecutivo aceptó invitar de manera “inmediata” a la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la UE y la Secretaría General de la OEA.

Asimismo, la UE anunció su interés en contribuir a una solución negociada al conflicto.

Nicaragua cumplió el lunes dos meses desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de 200 personas desde el pasado 18 de abril.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.