Nueva ley de organizaciones políticas

La susceptibilidad sobre toda iniciativa política que surge del gobierno, hace que se desconfíe hasta de las mejores intenciones. Y esta suspicacia sin duda se justifica después de las recurrentes transgresiones a la Constitución Política del Estado, a las normativas vigentes, y el intento de una nueva reelección de los actuales gobernantes, pese a las prohibiciones expresas de la carta magna. Ahora está en debate el proyecto de ley de organizaciones políticas que, sin duda, es una necesidad para adecuar a los tiempos actuales los derechos y limitaciones de los partidos y las agrupaciones ciudadanas.

Pero como ya existe el antecedente de que en otras normas se incrustaron decisiones atentatorias a los derechos y libertades, hoy todo lo que nace del oficialismo genera susceptibilidad, y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), no se salva, pese a que en su labor al administrar los diferentes comicios la mayoría de sus miembros mostraron ecuanimidad y respetaron la voluntad ciudadana, hasta donde se puede saber.

Recordemos que el Órgano Electoral presentó el proyecto normativo de la nueva ley de Organizaciones Políticas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su consideración. Sobre uno de los temas polémicos, (la incorporación de elecciones primarias dentro de los partidos y organizaciones ciudadanas), la Presidenta del TSE Katia Uriona, explicó que de aprobarse la norma, esa posibilidad solamente se aplicaría a partir de la elecciones de 2024. Evidentemente, la tercera disposición transitoria textualmente expresa: “La disposición que rige la elección de candidaturas del binomio presidencial se implementará de manera progresiva, cómo máximo antes de las elecciones generales 2024, con arreglo a las condiciones técnicas y presupuestarias requeridas para el efecto”.

El proyecto de ley que se encuentra en una comisión de la Asamblea Legislativa, consta de 105 artículos. La norma reconoce tres tipos de entidades políticas: los partidos, de alcance nacional; las agrupaciones ciudadanas, en el ámbito departamental y municipal, y las organizaciones de los pueblos indígenas y campesinos, sujetas a normas y procedimientos propios de esos sectores.

El vicepresidente del TSE José Luis Exeni, explicó otra novedad que se incorpora. La norma establece parámetros claros para identificar y sancionar el transfugio político, que en el documento figura entre las infracciones muy graves. La normativa vigente indica que hay transfugio “cuando se demuestre que ha habido prebenda, beneficio económico o político”, lo cual, según Exeni, resulta “muy complicado”.

En la propuesta del TSE, se considera transfugio cuando una persona elegida por un partido renuncia al mismo para irse a otro, cuando se declara “independiente”, o cuando “vota sistemáticamente en contra de los principios” de su organización, explicó Exeni. Quienes incurran en esto perderán su escaño, o su status de dirigente o militante, según el caso.

Otro aspecto relevante es una propuesta para financiar a las organizaciones políticas mediante fuentes privadas y estatales, garantizando el derecho de los electores a la información y una mayor equidad en el acceso de esas entidades a los medios de comunicación. En el país estuvo vigente entre 1997 y 2008 una subvención estatal a los partidos que fue eliminada por el Gobierno de Evo Morales argumentando un mal manejo de esos recursos. La nueva propuesta “no implica dar dinero a los partidos y que rindan cuentas”, como ocurría antes, sino que el TSE administre estos recursos públicos contratando espacios de publicidad en los medios de comunicación y ponerlos a disposición gratuita de los partidos.