Objeción de conciencia

El Estado boliviano fue notificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la denuncia de vulneración del derecho a la objeción de conciencia, presentado para evitar para el servicio militar, hecho que pone nuevamente en debate el servicio militar obligatorio. Aunque el embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pary, afirmó que ya se trabaja para incluir en las normas la objeción de conciencia, en los hechos no hay nada adelantado.

El pasado 11 de julio se produjo una notificación al Estado según informó Derechos en Acción, la institución que patrocinó la petición. Bolivia tiene 90 días para presentar sus argumentos y asumir defensa, hasta el 11 de octubre. La demanda se origina en el reclamo del joven José Ignacio Orías, quién planteó su derecho a la objeción de conciencia en noviembre de 2015, recurso que fue admitido parcialmente por la justicia; pero en 2016, cuando la decisión pasó a revisión del Tribunal Constitucional, el pedido de objeción fue rechazado, por lo que se inició la petición ante la CIDH.

El servicio militar continúa vigente en el país con su carácter obligatorio, según el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que negó un amparo de objeción de conciencia que presentó Orías, quién considera que el militarismo promueve la cultura de guerra y la dominación. Es más, ese Tribunal disminuyó la edad mínima para presentarse al cuartel.

Existen muchos argumentos legales y funcionales que ponen en cuestionamiento el servicio militar obligatorio, más aún en un país cuya Constitución Política del Estado promueve el pacifismo. En muchas oportunidades se han denunciado excesos, castigos crueles, muertes por violencia o accidentes, además de muchos casos evidentes de discriminación. La recurrencia de estos hechos motiva a reactualizar la necesidad de considerar reformas profundas que permitan, primero, limitar el servicio militar obligatorio y segundo, legislar sobre la objeción de conciencia, ya que existen vacíos que han dado lugar a jurisprudencia sobre el tema negando el derecho a un ciudadano a evitar el uso de las armas bajo el argumento de objeción de conciencia.

Efectivamente, existe otro antecedente con la Sentencia Constitucional 1662/2003, que negó a un ciudadano mormón el derecho a la objeción de conciencia, por los vacíos legales, pese a existir acuerdos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese acuerdo en su numeral 1.- señala que “Reconociendo el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar, como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; hace un llamamiento a los Estados para que promulguen leyes y adopten medidas destinadas a eximir del servicio militar cuando exista una auténtica objeción de conciencia al servicio armado”.

En el numeral 3.- Recomienda a los Estados que tengan un sistema de servicio militar obligatorio en el que no se haya introducido todavía una disposición de ese tipo, que introduzcan varias formas de servicio alternativo para los objetores de conciencia…”

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual de 1997, también recomendó a los Estados Partes del Sistema Interamericano, adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer posible que las personas puedan ejercer la objeción de conciencia como una excepción al servicio militar.

Hace dos años atrás se plantearon alternativas al servicio militar obligatorio entre los que se contaba, además de premilitar un servicio alternativo que permitiera que los jóvenes participen en tareas de apoyo al desarrollo nacional, como el caso de la alfabetización y las campañas de vacunación, además de reconocerse la objeción de conciencia. Precisamente la objeción de conciencia consiste en el rechazo al cumplimiento de determinadas normas jurídicas -no solamente sobre el servicio militar-, por ser contrarias a las creencias éticas, religiosas y de principios de una persona. Puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive del ordenamiento jurídico, como en los casos de eutanasia, aborto e inclusive obligaciones tributarias, cuando éstas van destinadas a fines contrarios a principios éticos.

Por ello es necesario reconsiderar el tema tanto del servicio militar obligatorio como de la objeción de conciencia, ya que, en la actual Constitución Política del Estado, al ampliarse el concepto de los derechos humanos y derechos civiles, se obliga a reconocer los tratados y convenios internacionales. El Art. 13 es muy amplio y abarca el respeto a todos los derechos universales, y especifica que se reconocen los derechos humanos y se prohíben su limitación… Más adelante señala que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la CPE.