Oposición afirma que el Gobierno no quiere fiscalización

El senador Edwin Rodríguez de UD y otros parlamentarios, pidieron la inmediata renuncia del ministro de Defensa.

“Para eso quiere un Fiscal General del Estado que proteja intereses de partido y gestión. Se evidencia que intenta encubrimiento a sus actos de gobierno”, señalaron parlamentarios de UD a tiempo de entregar a nuestra redacción la nómina y calificaciones de postulantes a dicho cargo.

Comparativo: El primero es el Dr. Mirael Salguero Palma con 55,5. Sin opción se encuentran el exviceministro de Gobierno, Jorge Pérez Valenzuela con 45 y el actual fiscal departamental de La Paz, Edwin José Blanco Soria con 36,25. “Así en la fase de entrevista la Comisión les favorezca con 18 puntos están descartados”, señalan dichos parlamentarios.

Evaluación curricular y evaluación escrita puntaje

Mirael Salguero Palma 55,5, Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte, 53,5, Fausto Juan Lanchipa Ponce, 53, Juan Oswaldo Valencia, 51, William Alave Laura, 50, Milton Iván Montellano Roldan, 47,5.

Les siguen: William Dávila Salcedo, con 46,5, Constantino Coca Sejas, 45,5, José Santos Saravia Cuevas, 45,5, David Baptista Velásquez, 45, Jorge Pérez Valenzuela, 45, Iván Manolo Lima Magne, 44,5, Ever Richard Veizaga Ayala, 44, Zacarías Valeriano Rodríguez, 43,5 Antonio Said Lenis Rodríguez 42,5. Rubén Ángel Andrade Muñoz, 41, 25, Rigoberto Paredes Ayllón, 41,25, Humberto Ortega Martínez, 40,5, Luciano Negrete Aguirre, 40,5, Wilber Choque Cruz, 38, Jerjes Enrique Justiniano Atala, 37,75, Weimar Teófilo Guzmán Mendoza, 37,5, Guido Gabriel Balboa Castro, 37, Roberto Antonio Ramírez Torrez, 37, Marco Antonio Rodríguez Márquez, 37.

A muchísima distancia: Edwin José Blanco Soria, con 36,25, Arturo Laime Ovando, 36,25, Aimore Francisco Álvarez Barba, 35,75, José Luis Dávalos Rivadeneira, 35,5, Jorge Andrés Pérez Maita, 34, César Johnny Salinas Otalora, 32, Silvano Arancibia Colque, 31,75, Jhasmani Cortez Aliaga, 31, Mario Mariscal Rodríguez, 30,75 Leandro Lafuente Fernández, 28,5 y Susan Wilma Durán Velez, 26,25.

Los parlamentarios Wilson Santamaría, diputado, Edwin Rodríguez, senador, en declaraciones a JORNADA señalaron: “Los postulantes “azules” que integran la lista, pese al favoritismo, apenas pudieron lograr un mínimo de puntaje, sobre todo en la evaluación escrita, lo que demuestra que por alguna instrucción superior, mediante “la entrevista” de entre los tres que figuran en la lista, el primero podría resultar tercero y el último primero, todo puede ocurrir, porque al Gobierno le interesa tener en dicho cargo a un servidor de su partido antes que a la Ley, a la sociedad”.

“Lo interesante es que el exviceministro de Gobierno, Jorge Pérez Valenzuela y el fiscal departamental de La Paz, Edwin José Blanco Soria, en los hechos se han aplazado”, indicaron.

¿Por qué se puso el término “confidencialidad” a contratos del Estado con transnacionales?

“Evo Morales y Álvaro García Linera, gobiernan con las mismas personas del comienzo de su gestión de hace trece años, se rotan los cargos públicos, no tienen militantes de recambio, están preocupados que si esto pasa, podrían surgir nuevos hechos de corrupción, el pueblo ve con asombro que giran de un puesto a otro, son los mismos, no se da oportunidad a nuevas personas, están nerviosos porque la tapa de la olla se puede volver a destapar, para eso quieren un Fiscal General del Estado que encubra, por ejemplo, que se haya consignado el término “confidencialidad” en contratos públicos con transnacionales por millones de dólares, cuando esos dineros son del pueblo boliviano.

El pueblo, las plataformas, los ciudadanos, los profesionales, todos, debemos insistir que se revele dónde están los más los millones de dólares pagados a transnacionales, señalaron.

Si los contratos se efectuaron con cláusula que las transnacionales se reatan a leyes bolivianas y domicilios legales en Bolivia, por qué pusieron el término “confidencialidad”, ¿qué están ocultando, por qué no transparentan los contratos, acaso hay sobreprecios, comisiones, o algunos son contratos fantasmas?”.

“Por eso el Gobierno quiere tener un Fiscal General del Estado que no permita que el pueblo se cerciore de lo que está pasando con los contratos efectuados con las transnacionales”, enfatizaron.