Otra frustración

Guido Pizarroso Durán

Un duro golpe para nuestro país significa el fallo de la Corte Internacional de Justicia, a la que el gobierno acudió al entablar una demanda contra Chile para obligar a ese país a negociar de buena fe una salida soberana al mar. Los argumentos expuestos por los abogados y la misión boliviana de nada sirvieron al estar enfocados en hechos subjetivos, dejando sobre entendido el fondo del problema que es el Tratado de 1904, por el que Chile se apodero de 120.000 km2 de territorio boliviano -incluyendo 400 km de costa. Al término de la guerra Bolivia tuvo que firmar un Tratado ominoso bajo la amenaza bélica.

Chile se considera ganador también en esta contienda legal que aleja las posibilidades de una solución al problema marítimo. Recordemos que hace cinco años nuestro país acudía a la CIJ en busca de comprensión a un problema impuesto por la fuerza de las armas.

Lamentablemente, parece que se equivocó el camino nuevamente, confirmando el hecho de que la política exterior de Bolivia no acierta nada. Lo peor es que se sembraron esperanzas y se fue a Holanda con ánimos festivos, mientras Chile tenía la seguridad de lo que hacía, afirmando un día antes del fallo que ni un centímetro del territorio que ocupa estaba en riesgo.

«Este no es solo un triunfo para Chile, es un triunfo para el derecho internacional. Como alguien que se ha dedicado al derecho internacional, les puedo decir que este es un gran triunfo. La CIJ ha señalado con gran claridad que se debe hacer distinción entre la política y el derecho», afirmo el agente chileno ante La Haya. Efectivamente, el tribunal dio su veredicto final. “La Corte por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia”, sostuvo el Presidente de la Corte, Abdulaqawi Ahmed Yasuf.

El juez hizo un repaso histórico de los intentos de negociación entre ambos países. Hizo referencia a contactos sobre el tema de la salida al mar ocurridos en 1920, 1950, 1975, 1986, 2007 y la Agenda de los 13 puntos, asegurando que “la Corte observa que no hay pruebas de intención por parte de Chile de asumir una obligación de negociar”.

Entre las explicaciones de la CIJ se destacan los argumentos de que una negociación forma parte de la práctica corriente de los Estados en sus relaciones bilaterales y multilaterales, pero no significa obligación. Señala en la sentencia que para que surja una obligación de negociar en virtud de un acuerdo, “es necesario que los términos empleados por las partes, el objeto así como las condiciones de la negociación, demuestren una intención de las partes de vincularse jurídicamente”.

Finalmente, el tribunal descartó el argumento nacional sobre los efectos acumulativos respecto a los distintos episodios a lo largo de la historia entre Bolivia y Chile, señalando que ello “no se basa en fundamento jurídico”.

Una de las afirmaciones que más preocupa es la que mencionó Abdulqawi Ahmed Yusuf, al señalar que “La CIJ no recibió documentación complementaria de Bolivia para fundamentar algunas solicitudes”, y que la CIJ tampoco identificó ningún acuerdo que imponga a Chile la obligación de negociar en el marco de la declaración de Algarve del año 2000. La ausencia de documentación para sustentar un argumento denota dejadez, descoordinación y fallas de fondo. Sobre la agenda de 13 puntos la CIJ se limitó a decir que «la sola mención de la cuestión marítima no puede dar lugar a una obligación de negociar».

La situación post CIJ, lejos de semejarse a las optimistas previsiones de las autoridades, muestra el fracaso de la misión jurídica, el traspié del gobierno con su posición triunfalista y el derrumbe de las altas expectativas acumuladas por la propaganda oficialista, hechos que ponen de relieve la fragilidad en la capacidad de sustentar un derecho, y en el error de politizar uno de los temas más sensibles para el pueblo boliviano, que deriva en otra frustración que pesará mucho en la historia nacional.