Otro fallo contra el Estado boliviano

El conflicto desatado en torno al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ha tomado un giro que el gobierno no ha previsto ni ha sabido manejar. Los indígenas han ganado en un juicio, han conseguido la solidaridad de casi todo el país, han logrado el apoyo internacional, mientras la acción del gobierno ha mostrado ante el mundo una «falsa» posición de defensa de la madre tierra, que fue argumento central expuesto por el Estado Plurinacional ante la ONU y otros foros internacionales.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN), integrado por organizaciones no gubernamentales (ONG) que son parte de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, al que acudieron los indígenas, emitió una sentencia favorable al Tipnis, determinando que el Estado Plurinacional de Bolivia «ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)…» y ha sancionado al Gobierno realizando una serie de sugerencias para preservar el territorio. Este fallo solo tiene alcances éticos y no es de cumplimiento obligatorio, pero tiene un alcance moral que permite ahora no solamente a pobladores de la reserva, sino a todo el país hacer que se cumpla.

El fallo estableció que el gobierno ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra, de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico nacional y la normativa internacional, señala la sentencia. Asimismo, el tribunal considera que el Estado ha violado los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas del Tipnis, establecidos en la Constitución Política del Estado; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en complementariedad, compatibilidad e interdependencia con los Derechos de la Naturaleza tal como lo declara el Art. 9 de la Ley No. 300.

El organismo ha establecido como sanción en contra del Gobierno del Estado Plurinacional 11 medidas para preservar el Tipnis, entre ellas, la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en la zona. Pide la abrogación de la Ley No. 969 y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del Tipnis, prohiba la construcción de una carretera que atraviese su zona núcleo a la vez que respete los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan.

Asimismo, recomienda el reconocimiento del derecho territorial y autonomía del área de las ex concesiones forestales de Bosque de Chimanes a favor del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), para garantizar el control y gestión de la zona norte del Tipnis.

La adopción de medidas efectivas para detener el avance de la colonización, y la anulación de los planes petroleros en la región. También pide la identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en el año 2011 en Chaparina.

Finalmente, entre otras medidas pide que el Estado Plurinacional aplique las normas y las leyes que garanticen la efectiva defensa, protección y conservación de los Derechos de la Madre Tierra, en especial con la puesta en vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra, que a nueve años de su creación por la ley Nº 071 aún no entra en funcionamiento.

El Tipnis ha marcado al país con una señal profunda que servirá de guía para la defensa de la naturaleza, así como los derechos ciudadanos, la igualdad y la democracia, pero por encima de esos principios, está rescatando el sentimiento de solidaridad. El conflicto del territorio indígena no es un caso cerrado por la violenta represión, sino una herida abierta que se expone ante Bolivia y el mundo.