Panamá: largo camino para castigar con cárcel fraude fiscal

María M.Mur

Panamá es uno de los pocos países del continente que no considera la evasión fiscal un delito penal, algo que el Gobierno busca remediar con un proyecto de ley que ha causado polémica y reticencias en ciertos sectores de la sociedad que lo ven como una imposición de los organismos multilaterales.

El Gobierno panameño presentó en enero en el Parlamento, de mayoría opositora, un proyecto de ley que establece penas de entre 2 y 5 años de cárcel para quienes evadan más de 300.000 dólares al año y que tipifica la evasión fiscal como un delito precedente del lavado de dinero.

La actual legislación solo contempla multas de entre dos y cinco veces el impuesto defraudado al fisco, lo que convierte a Panamá, junto con Bahamas, en los únicos países que no lo tipifican como delito penal, de acuerdo con el preámbulo de la propuesta legal.

El proyecto, que necesita ser aprobado en tres debates para convertirse en ley, no termina de cuajar entre las bancadas parlamentarias y su primera discusión se volverá a retomar previsiblemente la próxima semana tras meses suspendida por falta de consenso.

Los que defienden la iniciativa consideran que mejorará la recaudación, disminuirá la desigualdad y ayudará al país a recuperar la reputación perdida tras el escándalo de los papeles de Panamá y su inclusión en la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Es una ley buena y uno de los últimos compromisos que nos quedan por cumplir con el GAFI. Si no se aprueba, es muy posible que volvamos a entrar en esa lista, lo que tendría unas consecuencias nefastas para nuestra economía”, alertó en declaraciones a Efe el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Troetsch.

El banquero, sin embargo, reconoció que el texto tiene algunas debilidades y que sería recomendable reducir las penas y “buscar un mecanismo que evite que la ley se use para hacer persecución política”.

Panamá fue incluida en la lista del GAFI en 2014 por presentar deficiencias en la lucha contra el lavado, pero consiguió salir en 2016 tras aprobar varias leyes para combatir el blanqueo, suprimir las acciones al portador y endurecer la regulación para los sectores no financieros como el inmobiliario o los servicios legales.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, dijo por su parte que el castigo para aquellos que evadan impuestos debe ser “ejemplarizante”, y abogó por reducir la cantidad a partir de la cual se considera delito fiscal.

En Andorra, una jurisdicción que “compite” con Panamá en servicios financieros, el límite es de 75.000 dólares, apuntó.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CIAP), uno de los gremios más importantes del país, ha pedido sin embargo elevar la cantidad hasta los 500.000 dólares.

“Recordemos que Al Capone cayó preso no por mafioso, sino porque no pagaba impuestos. Los impuestos evadidos se necesitan para mejorar la justicia social de este país”, afirmó Gordón.

Panamá lleva una década liderando el crecimiento económico de la región, pero tiene una de las tasas de desigualdad más altas del mundo y una recaudación de impuestos como porcentaje del PIB del 16,2 por ciento, muy por debajo de la media latinoamericana, que en 2015 fue del 22,5 por ciento, según datos oficiales.

Los detractores de la ley aseguran, sin embargo, que Panamá perderá competitividad como centro financiero, cederá parte de su soberanía y se plegará a los intereses de la comunidad internacional, en especial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muy crítica con el sistema fiscal y financiero panameño aunque el país no es miembro de ese ente.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Adolfo Quintero, aseguró que la ley “no es necesaria” porque el país tiene “exhaustivos controles” para vigilar que las grandes fortunas paguen sus impuestos.

La iniciativa, agregó, se contradice además con la naturaleza territorial del sistema tributario panameño, “que establece que únicamente se paga impuestos por las operaciones que se realizan en Panamá, a diferencia de los sistemas universales”.

“Esta ley, como está planteada, obedece claramente a presiones de índole internacional”, denunció.