Polémica en Bolivia por jet procedente de México abandonado en aeropuerto

La situación de una aeronave procedente de México que fue abandonada en un aeropuerto de Bolivia y luego decomisada por la Aduana de este país ha generado polémica en torno a su origen y a la actividad para la que era utilizada.

Se trata de un avión Super Mid-Size Gulfstream GIII con matrícula N557 JK, valuado en unos diez millones de dólares y confiscado hace unos días por la Aduana Nacional, que fue transferido luego al Gobierno boliviano, dentro de lo dispuesto en la normativa sobre bienes decomisados.

En una rueda de prensa ofrecida ayer, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Aparicio, afirmó que el “último aeropuerto” del que despegó la aeronave fue el mexicano Cozumel y que existía una solicitud de vuelo de retorno hacia la región mexicana de Tapachula.

El avión se encontraba desde el año pasado en el aeropuerto de El Trompillo, en la ciudad de Santa Cruz (este), la más poblada y grande de Bolivia.

Según la información de la DGAC, la Aduana boliviana confirmó el decomiso del jet y su transferencia a “favor del Ministerio de la Presidencia” del país.

La semana pasada, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, informó a los medios de que la incautación de la aeronave era una de las más importantes efectuadas en lo que va del año.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, sostuvo que la adjudicación del avión a esa cartera de Estado fue legal y precisó que la aeronave fue posteriormente transferida a la DGAC.

El diputado de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio ha demandado la destitución del director de la DGAC, al considerar que su labor es deficiente en cuanto al control del espacio aéreo nacional.

Al respecto, Aparicio evitó hacer alusiones al legislador y se limitó a señalar que su despacho está informando con “seriedad y responsabilidad” sobre el asunto.

Al ser consultado sobre aspectos como el nombre del propietario del jet, indicó que la labor de la DGAC no es entrar “en detalle” sobre quién es el dueño.

Según Aparicio, en dos ocasiones en abril de 2017 hubo solicitudes de autorización para que la aeronave retorne a México, sin embargo se postergaron por “razones de mantenimiento”.

La autoridad aeronáutica boliviana también señaló que los responsables de la aeronave pidieron una extensión para su permanencia en suelo boliviano en agosto del año pasado, lo que no se pudo concretar por un problema de requisitos.

Cuando la DGAC consultó sobre la situación de la aeronave, la Aduana confirmó en febrero pasado que había sido confiscada.

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, aseguró a los medios que “se va a comunicar” próximamente sobre el resultado de una pericia para verificar si la aeronave fue utilizada para algún tipo de actividad ilícita.