Policía y seguridad ciudadana

La inseguridad es la principal preocupación de la población que ve impotente como el delito, la violencia, las drogas y abuso crecen, mientras los esfuerzos para frenar esta escalada todavía no satisfacen. Existe convicción de que la seguridad ciudadana es un problema de todos que afecta especialmente a las regiones más densamente pobladas, donde aparecen nuevas formas de criminalidad, y la acentuación de otras como la trata de personas, nuevas formas de esclavitud y el “bullying”, que es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan de manera discriminatoria o cruel.

Uno de los principales argumentos que expuso la Policía frente a la inseguridad era la falta de medios y de presupuesto para enfrentar este creciente riesgo. Pero en los últimos años se ha potenciado el presupuesto para seguridad como nunca antes, y en este momento la seguridad es el sector que tiene una de las mayores participaciones del Presupuesto General del Estado.

El año pasado se anunció un programa ambicioso mediante el cual la población tenía la esperanza que se le devuelva la tranquilidad a la gente en virtud de un proyecto de seguridad ciudadana con modernos recursos tecnológicos puestos a disposición de la policía, para hacer más efectiva una vigilancia amplia. Por lo menos esa era la esperanza después de que por fin, un plan que data de hace tres años comenzó a ponerse en ejecución. Se trata del proyecto BOL-110 que se ejecuta con un crédito de China y tecnología de ese país.

En enero de 2016 de firmó el contrato con la empresa CEIEC por más de cien millones de dólares. El año pasado, en octubre, gobierno anunció que comenzaba la ejecución del programa que en su primera fase contemplaba a las ciudades de La Paz y El Alto, donde con una inversión de 53 millones de dólares se instalaría el Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C4), dotado de tecnología digital. Según informes de prensa, 550 videocámaras en las dos ciudades deberían permitir observar en tiempo real desde la planta central lo que ocurre. Asimismo, cinco drones equipados con videocámaras deberían estar sobrevolando las ciudades de La Paz y El Alto. La segunda parte del plan abarcaría otras seis ciudades del país.

En ese momento afirmábamos, con esperanza, que todo lo que se haga en bien de la seguridad de la ciudadanía merece apoyo y el concurso de la población, pero fundamentalmente requiere de una efectiva actuación de los organismos de seguridad. De nada servirá la tecnología de punta si entre los que cometen delitos están los policías. La institución del orden tiene que ser reestructurada, depurada, jerarquizada, modernizada y preservada de politización. Sin una policía saneada todos los esfuerzos que se hagan quedarán en el camino.

El país necesita una institución del orden eficiente, y éticamente comprometida. Una Policía científica, tecnológicamente bien dotada y con personal altamente capacitado. Por ello se apoyó el equipamiento institucional. Lamentablemente no se volvió a hablar del tema de la dotación de equipos y no se sabe si realmente se cumplió el objetivo, aunque como es de conocimiento público, trascendió un informe en sentido de que se estaba realizando una labor de seguimiento a políticos y periodistas mediante tecnología digital. Parece que se comprendió equivocadamente el concepto de seguridad ciudadana. Según definición de organismos internacionales, la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se considera a la seguridad ciudadana un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento y la libertad de expresar libremente sus ideas, pensamiento y el derecho de militar en corrientes políticas y religiosas.

La seguridad ciudadana no se trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia multifacética para mejorar la calidad de vida de la población. Requiere de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, necesita de un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. El brazo persuasivo y coactivo de la ley es la policía, que debe estar comprometida con los principios básicos de los derechos humanos, especialmente con el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad.