Por litigios con Bolivia piden a Chile retirarse del Pacto de Bogotá

Cuatro expertos en derecho internacional dijeron ayer que Chile debe retirarse del Pacto de Bogotá, de solución pacífica de los conflictos internacionales, por considerar que “se hizo adverso a los intereses superiores del país”.

En una carta publicada ayer sábado en el diario El Mercurio, afirmaron que el citado pacto, cuya máxima expresión es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se emplea “como plataforma para cuestionar la vigencia de los tratados”, en el marco de los litigios que Chile tiene actualmente con Bolivia en ese tribunal.

“Empleado como plataforma para cuestionar, de manera soslayada, la vigencia de los tratados, ese Pacto ya no sirve para blindar el estatus de paz inherente al respeto a los mismos”, precisaron y plantearon que Chile, al retirarse, “debería dejar en claro que en lo sucesivo asumirá la defensa de su soberanía de manera directa”.

Chile afronta actualmente en La Haya dos litigios ante Bolivia, país que busca que el tribunal obligue a Chile honrar una serie de compromisos de Estado durante el siglo XX y lo que va del XXI, para restaurarle la calidad marítima que segó al adherir a su soberanía, por la fuerza de los fusiles, todo el efectivo costero boliviano en 1879, de 400 km lineales, y 120.000 km2 de ricos territorios mineros de desembocadura en el mar.

Chile defiende que todos los problemas fronterizos con Bolivia se resolvieron en un tratado suscrito en 1904, que se mantiene vigente.

A la vez, el país austral demandó a su vecino para que la Corte determine si las aguas del Silala son un río internacional, como defiende, o manantiales cuyas aguas han sido desviadas de forma artificial a territorio chileno desde hace más de un siglo, como sostiene Bolivia.

La carta está firmada por el exembajador y académico de la Universidad de Chile José Rodríguez Elizondo, el exsubsecretario de las Fuerzas Armadas Gabriel Gaspar, el exembajador Eduardo Rodríguez y el excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta.

En el texto, apuntan también que el Pacto de Bogotá nunca fue una barrera respecto de las potencias mayores, que no lo ratificaron y recuerdan que del mismo hasta se retiró Colombia, país sede de su aprobación en 1948.

Los firmantes reprochan el comportamiento de La Haya ante la demanda marítima de Bolivia, país que, aseguran, “constitucionalizó un supuesto ‘derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico'”, a pesar de los tratados vigentes, convirtiéndolo en un “desafío internacional”.

“Cuando la CIJ acogió a trámite esa demanda, rechazando las excepciones preliminares expuestas por Chile, por ser un asunto resuelto en un tratado, “dio respaldo a una estrategia sin plausibilidad jurídica, pero idónea para poner en peligro la paz internacional”, sostienen.

Agregan que además, la Corte asumió responsabilidades propias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “que es el encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

Los firmantes señalan que Chile debió haber cuestionado “de plano la competencia de la CIJ” no compareciendo en el litigio marítimo de Bolivia, “con base en el artículo 53 de su Estatuto y de su jurisprudencia”.

Tras el rechazo de las excepciones preliminares presentadas por Chile, “quedó claro que la CIJ estaba por someter nuestra soberanía a revisión y que ningún fallo judicial liquidaría la estrategia de Bolivia”, puntualizan.

Argumentan además que Chile “debió equilibrar mejor los recursos del Derecho, con los de la diplomacia y la disuasión defensiva” y anuncian que “nuestra defensa del patrimonio territorial empleará ‘toda la fuerza de la historia’ y no solo la fuerza de la argumentación legal”.

Precisan, asimismo, que “la demanda técnica” sobre la naturaleza del río Silala en la CIJ “no puede convertirnos en rehenes sine die (permanente) de un instrumento que se hizo adverso a los intereses superiores del país”.

“No se trata de hacer de llanero solitario, reduciendo el tema a la emisión de un documento legalizado ante notario”, señalan e indican que retirarse del Pacto “exige un trabajo político y diplomático de calidad, con amplia información a los órganos principales de la ONU”.

En su opinión, “el tema de fondo no es de conveniencia adjetiva o procesal, sino de defensa sustantiva de nuestra soberanía, ejercida en un marco de bien forjada unidad nacional”.