Quiborax: Fiscalía requirió acusatorio contra Carlos Mesa

Se lo acusa por tres delitos que habría cometido el expresidente (2003-2005), al firmar un Decreto que "ocasiono daño económico al Estado de 42.600 millones de dólares". Mesa Gisbert ve fines políticos en pedido de un juicio en su contra.

APG

“El caso Quiborax es el cieno donde se hundirán varios exservidores públicos y muchos de los actuales”, afirmaron a redactores de JORNADA varios politólogos. El fiscal general del Estado, Dr. Ramiro José Guerrero Peñaranda, emitió “requerimiento acusatorio en contra del expresidente Carlos Diego Mesa Gisbert”, culpándolo por tres supuestos delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, causando daño económico al Estado.

El caso fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia y en esta instancia se lo juzgará al que tendrá que acudir el acusado para rendir declaración indagatoria, donde se presentará pruebas de cargo y de descargo y ante el cual el Fiscal del Estado será convocado para que se ratifique en su requerimiento o si obvió algún artículo o tiene que ampliar su opinión como Fiscal.

En casos de Privilegio Constitucional Activos en el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la competencia del TSJ se halla la sustanciación de los juicios de privilegio, correspondiendo a la Sala Penal llevar adelante la etapa preparatoria como juez cautelar, los demás magistrados conforman el Tribunal de Juicio.

En la etapa preparatoria la Sala Penal, como juez cautelar, podría determinar la detención del acusado o dictar medidas sustitutivas a la detención, como la detención domiciliaria, arraigo, presentación de garantes.

Antecedentes

La Fiscalía presentó un requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) por un fallo internacional que obligó al Estado a pagar una multa millonaria por revertir una concesión a una empresa minera chilena cuando era gobernante.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ayer en la tarde ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, el “requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Mesa” dentro del caso conocido como Quiborax.

La Fiscalía tenía un plazo de 30 días, que concluyó ayer, para pronunciarse sobre una solicitud de la Procuraduría General del Estado para investigar a Mesa y a tres exministros de su gestión por los supuestos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.

Según Guerrero, en estos 30 días el Ministerio Público acumuló “antecedentes” sobre el caso, mediante la toma de declaraciones informativas a exautoridades de la Procuraduría.

Mesa también fue convocado a declarar, pero resolvió presentar tres memoriales y evitó responder las consultas de Guerrero, según un comunicado del Ministerio Público.

“Ahora hemos presentado este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que, a su vez, pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa”, explicó el fiscal general, citado en el comunicado.

Si el Legislativo, controlado por el partido del presidente Evo Morales, aprueba el inicio del juicio de responsabilidades, la Fiscalía comenzará la investigación, se indica en el comunicado.

Guerrero aclaró que “la única persona que goza de privilegio constitucional es el expresidente Mesa”, por lo que a la Fiscalía le corresponde pronunciarse solamente sobre su caso.

El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el Gobierno de Mesa.

Estas firmas presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una entidad dependiente del Banco Mundial, que a finales de mayo cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley.

En junio pasado, el Estado boliviano firmó un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.

El Gobierno de Morales ha apuntado a Mesa como responsable del fallo adverso al Estado argumentando, entre otros, que con las decisiones asumidas por el exgobernante en su gestión, el país no cumplió con las leyes internas ni con el derecho internacional.

Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, fueron convocados la semana pasada por el Legislativo para informar sobre el caso y recibieron el voto de confianza de la mayoría oficialista parlamentaria.

Mesa señaló que la interpelación a los ministros fue un “acto adelantado de acusación” en contra suya y que se han dejado de lado “elementos claves” del proceso.

Ve “fines políticos”

De su parte, el expresidente Carlos Mesa sostuvo que existe una intención de eliminarlo “políticamente” tras la decisión de la Fiscalía de solicitar autorización para enjuiciarlo por un fallo internacional que obligó a su país a pagar una multa millonaria a una empresa chilena.

Mesa, que también es portavoz de la demanda marítima boliviana contra Chile, dijo a los medios que la decisión del Ministerio Público es “la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia: la criminalización de la política”.

Esta criminalización, según dijo, se efectúa a través de un “mecanismo que sustituye a la dictadura de botas y de charreteras, de tanques y de ametralladoras, por la persecución judicial a título de investigación y de cargas de defensa del Estado”.

El requerimiento será analizado por el TSJ y luego elevado al Legislativo, de mayoría oficialista, que deberá aprobar o rechazar el inicio del juicio de responsabilidades.

Mesa vaticinó que la aprobación del juicio se hará “en tiempo récord”.

No descartó acudir a instancias internacionales tras agotar las instancias legales internas porque “se están vulnerando los derechos fundamentales de una persona a la que se acusa cuando hay pruebas más que fehacientes” de que hay que investigar también a otra gente.

Aseguró que no tiene problema con la investigación, pero demandó que en la misma se incluya a exfuncionarios y actuales autoridades vinculadas con el caso, como el ministro de Justicia, Héctor Arce, el procurador general, Pablo Menacho y la exministra de Defensa de los Intereses del Estado, Elizabeth Arismendi.

“¿Cómo puede ser posible que se haga una acusación que solamente toma en consideración la fase inicial del proceso de expulsión de Quiborax y no la pésima defensa que se ha hecho durante diez años? Eso es una aberración”, manifestó Mesa.

Aseguró que se considera “acusador de quienes son los verdaderos responsables de este desastre de defensa del caso Quiborax”.

Mesa añadió que “pase lo que pase” no renunciará a ser vocero de la causa marítima boliviana porque su “compromiso es con el país”.