¿Quién define la verdad o la mentira?

Crear una ley sobre “la mentira” va en contra de los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado, que garantizan el ejercicio de libertades y el desarrollo humano, en criterio de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que de esta manera ha respondido a una iniciativa del presidente Evo Morales, en sentido de sancionar lo que su gobierno considera “noticias no verídicas”. Morales planteó la aprobación de una ley contra las mentiras que difundan autoridades y medios de comunicación. Dijo que la norma sería solo parte de la reglamentación de la Constitución Política del Estado (CPE) que recoge los principios ancestrales del no robar, no mentir y no ser flojo.

La respuesta de la ANP expresa preocupación por la propuesta y recuerda la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión, reconocida en los instrumentos internacionales”.

Asimismo, la ANP recuerda que existe una diferenciación entre comunicación informativa de los hechos y comunicación de ideas o pensamientos. Los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba y están ampliamente amparados por la CPE, en el Art. 107, donde claramente se expresa que “los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas, medios de comunicación y su ley”.

En realidad, en diferentes momentos de la vida política del país, se hace escarnio con la verdad. El país requiere conocer la realidad y no las apariencias y eufemismos. Lamentablemente, son los políticos en general y las autoridades en función de gobierno la que actúan con ligereza mostrando día a día las debilidades institucionales. Daría la impresión que se considera que la ciudadanía carece de capacidad para discernir la verdad de la mentira, la sinceridad del engaño, y que se puede impunemente esconder la realidad. Es apropiada para este caso la frase “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

El pueblo no es tonto y siempre tiene una cuerda bien templada que es su voluntad y decisión. Puede soltar esa cuerda algún tiempo, puede esperar respuestas otro lapso, pero en algún momento se tensará tanto que los desenlaces serán imprevisibles. La ciudadanía se da cuenta del engaño y tolera hasta cierto grado el cálculo político y hasta puede dibujar una sonrisa frente a una constante que se traduce en cambiar el concepto de la verdad, evitar la transparencia, y esconder las verdaderas intenciones con discursos y arengas. Pero todo tiene un límite.

Las libertades de prensa y de expresión son las herramientas que hacen posible sostener todas las demás libertades, y son también factores esenciales para descubrir la verdad. El significado de la palabra verdad abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad; la conformidad de lo que se dice con lo que se hace, se siente o piensa. El ciudadano percibe el engaño y se da perfecta cuenta que algo no está de acuerdo con las cosas, los hechos y la realidad. El término verdad no tiene una definición única en la que estén de acuerdo la mayoría de estudiosos, pero sí tiene una columna vertebral que es la honestidad. Nadie puede adueñarse de la verdad. Un hecho comprobado en muchas partes del planeta muestra recurrentemente que quienes quieren coartar la libertad de expresión son precisamente aquellos que tienen algo que ocultar.