Respeto a los derechos humanos

El respeto a los derechos humanos en Bolivia se debilita. Son muchas las muestras de la forma como se acentúa la violación a los derechos humanos. La actuación de la policía ha dejado ejemplos lamentables que al quedar sin castigo derivan a excesos que ya han enlutado a las familias de humildes estudiantes, obreros, profesionales, campesinos e indígenas. El uso de la fuerza se ha establecido como método de represión.

La muerte de un estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) ha marcado otro episodio en el que las contradicciones de los informes oficiales generan más susceptibilidad. Videos captados de cámaras de seguridad de las calles fueron presentados por funcionarios de la UPEA, en los que muestran que el estudiante Jonathan Quispe Vila aún se encontraba con vida frente a la Procuraduría del Estado, a las 13.25 horas del pasado jueves. El Gobierno asegura que el universitario murió por el impacto de una canica de vidrio, que fue disparada por los propios manifestantes universitarios. Según esta versión, recibió el proyectil, en una trayectoria de arriba hacia abajo, disparado desde una pasarela por los mismos.

Pero así como hoy surgen contradicciones entre el propio Gobierno, en otras oportunidad ocurrió lo mismo. Organizaciones internacionales como la comisión Internacional de Derechos humanos y “Human Rights Watch” (HRW), han observado las transgresiones en Bolivia.

El Informe Mundial 2018 de Human Rights Watch, señala que “persiste en Bolivia un grave problema de impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. El gobierno del presidente Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, que menoscaba sus posibilidades de trabajar de manera independiente”.

Entre las muchas observaciones señala que alrededor del 68 % de los presos en cárceles bolivianas no han sido condenados. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobre pobladas y generan condiciones penitenciarias precarias. En diciembre de 2016, más de 15.000 presos se encontraban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de aproximadamente 5.000, puntualiza el informe.

Recuerda que la Fiscalía General del Estado ha usado, en reiteradas oportunidades, una ley de 2010 contra la corrupción para perseguir penalmente presuntos delitos cometidos antes de que se sancionara la ley. No obstante, que las normas internacionales de derechos humanos prohíben la aplicación retroactiva de cambios en las leyes penales, a menos que esto beneficie al acusado.

Anota que numerosos defensores de derechos humanos continúan sufriendo acoso, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, y esto limita su capacidad de trabajar de manera independiente. Asimismo observa una ley y un decreto que el presidente Morales refrendó en 2013 otorgando al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil.

El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización no gubernamental (ONG) cuando esta lleve a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o cuando el representante de la organización sea objeto de sanciones penales por realizar actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público”. El decreto también permite a la Asamblea Plurinacional solicitar que se revoque la personalidad jurídica de una ONG en casos de “necesidad o interés público”. Estas medidas conceden al gobierno un amplio margen para entrometerse en las actividades de organizaciones de la sociedad civil independientes.

En cuanto a la libertad de expresión Human Rights Watch, señala que el gobierno ha arremetido reiteradamente contra periodistas, acusándolos —sin presentar pruebas— de difundir mentiras y distorsionar la realidad con intenciones políticas. El gobierno ha acusado reiteradamente a medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el presidente.

Aunque el gobierno haya dejado por cerrado numerosos casos de violaciones a los derechos fundamentales, tarde o temprano los responsables tendrán que responder por la represión a los indígenas de TIPNIS, a los cooperativistas mineros, a los cocaleros de los Yungas y a los defensores de la Constitución Política del Estado, así como a los universitarios.