Ruptura de “cadena de mando” gran aberración

Dr. DAEN. Wenceslao Jáuregui

Resulta increíble que algunos ministros, cuando efectivos de la policía se extralimitan en represión a manifestantes, digan “se había roto la cadena de mando”, que equivale a decir que algún oficial de menor jerarquía, pese a órdenes superiores, hubiera desobedecido y por decisión suya se haya ocasionado hechos lamentables, creyendo que el pueblo las puede ingerir.

Las expresiones que utilizan van en contra ruta de lo que manda y ordena la Constitución Política del Estado, cuando ordenan al Comandante General de la Policía y éste a su vez instruye a su comando, que los efectivos cumplan su deber, demostrando capacidad de disuasión, proporcionalidad en un marco de ecuanimidad, antes de dispersar a manifestantes, que en su derecho a la protesta, sea por algunos o por “infiltrados”, “encubiertos”, se ocasione enfrentamiento al extremo de ocasionar desazón social.

En torno a lo ocurrido cuando indígenas del TIPNIS habían decidido efectuar la octava marcha hacia La Paz y fueron reprimidos, mujeres, niños y hasta personas de la tercera edad, la protesta de la Asamblea de Derechos Humanos, de los ciudadanos en general, no se dejó esperar exigiendo se procese a los responsables. Para lavarse las manos, como Pilatos de la Biblia, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que posiblemente haya leído “Mi lucha” de Adolfo Hitler”, dijo: “que no era responsable de los hechos, sino que algunos oficiales habían roto la cadena de mando”, sin especificar quiénes eran.

A partir de esa nefasta frase, otro servidor público, cuando se repite el exceso de efectivos de la policía que provocan reacción de la ciudadanía, sale a la palestra para indicar que “no es responsable menos la policía de los sucesos de El Alto”, repitiendo la desgraciada frase de Sacha Llorenti que así pase otro tiempo no se librará de ser llevado al banquillo del acusado el ahora Embajador en la ONU.

Viene a colación la manifestación de los universitarios de la UPEA en el Alto, porque el ministro Carlos Romero admitió que había “incurrido en error”, al informar en primera instancia “que la canica que dio muerte al universitario había sido efectuada por los manifestantes”, a tiempo de presentar a un supuesto autor de dicha muerte, deslindando responsabilidad e indicando que el caso estaba en jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria.

“No voy a renunciar” afirmó. Las movilizaciones a la fecha no son solo para pedir la modificación del Art. 195, sino la protesta porque el Presidente Morales hubiera promulgado otra ley, hoy, por lo que decidieron rechazarla, también la subvención ofrecida, exigiendo la renuncia de dos ministros y dos comandantes del mando policial, para ello acuden a la mirada internacional cuando deciden marchar desde Patacamaya hacia la sede de Gobierno. Quienes conforman los piquetes de huelga, a la cabeza del universitario Nicolás Mendoza que expresó que no se trata de regatear el presupuesto como si estuvieran en un mercado público, manifestó, en presencia del Rector y delegados de la UPEA que le instaron a dejar la huelga en vista del deterioro de su salud, que no iba a levantar el ayuno, rechazaba la promulgación pidiendo la abrogación de la nueva Ley, se esclarezca quiénes son los autores materiales e intelectuales de la muerte de Jonathan reiterando que deben renunciar los dos ministros.

El Presidente Morales va señalando que el “diálogo” es la enseñanza que el mundo andino incentiva para toda situación y planteamientos. Ojalá que el diálogo sea entre las dos partes y se arribe a resultados positivos modificando la Ley 195, sin damnificar a otras instituciones y entidades. Lo que la UPEA plantea es ingresar en las cuotas que designa dicha norma, así el presupuesto extraordinario sea pagado por el TGE. Quiere en sí un aval de dicha Ley 195 modificada para que ningún Gobierno les quite los montos asignados. En los hechos desean que toda la comunidad universitaria, a nivel nacional incluido ellos, muestre unidad en torno a peticiones reales.