Sao Paulo y Río siguen a Bolsonaro y amenazan al crimen con mano de hierro

Los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las grandes metrópolis de Brasil, siguen los pasos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en materia de seguridad pública y amenazan con mano de hierro la delincuencia de un país acechado por la violencia.

Con un lenguaje directo y alejado de lo “políticamente correcto”, Joao Doria, mandatario de Sao Paulo, y Wilson Witzel, el juez que gobierna en Río de Janeiro desde enero ha prometido no dar tregua a los “bandidos” durante su gestión.

“Si el bandido reacciona no va a la comisaría o a la prisión. Va al cementerio”, ha reiterado Doria, un rico empresario y exalcalde de la capital paulista.

Doria, novato en la política, ha endurecido su tono y ha dado un paso más a la derecha en las filas del Partido Social de la Democracia Brasileña (PSDB, centro), al cual se afilió hace pocos años para pelear por la alcaldía de la mayor ciudad de Brasil.

“La Policía va a disparar para matar”, dijo durante la campaña electoral, en un discurso similar al empleado por el gobernador de Río de Janeiro, quien también pretende combatir con firmeza la escalada de la violencia que asfixia el estado más emblemático del país.

La guerra entre grupos criminales rivales y grupos parapoliciales y la violencia policial han sumido a Río de Janeiro en una grave crisis de seguridad pública que tan solo en 2017 dejó 6.731 muertos, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Para combatir la delincuencia, el exjuez federal, del Partido Social Cristiano (PSC), defiende que los francotiradores de élite de la Policía maten a criminales que porten fusiles en las favelas de la región o en centros comerciales de áreas nobles de la capital fluminense.

“Si hay un bandido con fusil en el ‘Shopping’ Leblon no tengan duda, será abatido de forma inmediata. Y en la favela no podemos permitir que eso continúe y tengamos a los habitantes de aquella región arrinconados, sufriendo con personas con fusil, con un arma de guerra a su lado”, dijo Witzel a los pocos días de asumir el cargo.

La propuesta fue rápidamente condenada por diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que ha cuestionado en diversas ocasiones la letalidad de la Policía brasileña y especialmente la de Río.

Según datos del ISP, la Policía de Río mató a 1.444 personas de enero a noviembre de 2018 -de los 5.144 casos registrados en todo Brasil-, lo que supone el mayor número de homicidios cometidos por agentes desde que el estado comenzó a colectar datos en 1988.

Por ello, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, resaltó esta semana que “animar a la Policía a matar y poner más sospechosos -antes de ser juzgados- en las prisiones con hacinamiento va a perjudicar y no va a mejorar la seguridad pública”.

La lucha contra la criminalidad, sin embargo, se ha convertido en la bandera que ha aupado al poder a varios gobernadores de Brasil y al propio Bolsonaro, quien esta semana cumplió una de sus principales promesas de campaña al firmar un decreto que facilita la compra de armas en Brasil.

El objetivo de la medida, según resaltó el ultraderechista, es “iniciar el proceso para asegurar el derecho inviolable a la legítima defensa” en el país, que en 2017 registró un récord de 63.880 homicidios, con una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes.

La flexibilización en la posesión de armas advirtió Bolsonaro, es solo el comienzo en su lucha por “ofrecer medidas eficientes para la seguridad pública”.

La creciente preocupación por la seguridad en Brasil también jugó un papel clave en las elecciones legislativas y a partir de febrero, cuando se instalará el Congreso, el número de diputados y senadores identificados como policías y militares será cuatro veces mayor que en la anterior legislatura.

Entre los nuevos diputados está la agente Katia Sastre, quien ganó fama el año pasado después de matar a un ladrón armado que intentó a atracar a un grupo de madres junto a sus hijos a las puertas de un colegio en Suzano (Sao Paulo).

El video grabado por las cámaras de seguridad fue usado por Sastre durante la campaña electoral y le ayudó a conseguir una silla en el Congreso más conservador de las últimas décadas.