Seguridad ciudadana y orden democrático

Es posible que la tranquilidad vuelva a la población boliviana en virtud de un proyecto de seguridad ciudadana que contará con modernos recursos que la tecnología pone a disposición de la Policía para hacer más efectiva una vigilancia amplia. Por lo menos esa es la esperanza después de que por fin, un plan que data de hace tres años parece que se pondrá en ejecución. Se trata del proyecto BOL-110 que se ejecutará con un crédito de China y tecnología de ese país.

En enero de 2016 de firmó el contrato con la empresa CEIEC por más de cien millones de dólares. Ahora el gobierno anuncia que en octubre comenzará la ejecución del programa que en su primera fase contempla a las ciudades de La Paz y El Alto, donde con una inversión de 53 millones de dólares se instalará el Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C4), que estará dotado de tecnología digital. Según informes de prensa, 550 videocámaras en las dos ciudades permitirán observar en tiempo real desde la planta central lo que ocurre. Asimismo, cinco drones equipados con videocámaras sobrevolarán La Paz y El Alto. La segunda parte del plan abarcará otras seis ciudades del país

Todo lo que se haga en bien de la seguridad de la ciudadanía merece el concurso de la población, pero fundamentalmente requiere de una efectiva actuación de los organismos de seguridad. De nada servirá la tecnología de punta si entre los que cometen delitos están los policías. La institución del orden tiene que ser reestructurada, depurada, jerarquizada y modernizada. Sin una policía saneada todos los esfuerzos que se hagan quedarán en el camino.

Para que funcione un programa de seguridad ciudadana se requieren de varios factores predispuestos, y uno de ellos es la institución del orden. La UNDP sostiene que la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se considera a la seguridad ciudadana un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

La seguridad ciudadana no se trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia multifacética para mejorar la calidad de vida de la población. Requiere de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, necesita de un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. El brazo persuasivo y coactivo de la ley es la policía, pero para ello, debe estar comprometida con los principios básicos de los derechos humanos, especialmente con el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, ésta última se refiere precisamente a que las personas no deben estar sometidas a amenazas, agresiones físicas o psicológicas, amedrentamientos, coacciones, extorsiones y a acciones de violencia que pongan en riesgo la vida, integridad física y la tranquilidad de la gente, así como a la protección de la propiedad.

Pero todos estos principios se distorsionan y quedan en nada, cuando las vulneraciones tienen como actores a quienes deberían defender a la sociedad. Por ello, es necesario contar con jueces probos, policías idóneos y un sistema judicial transparente que dé ejemplo de respeto a la Constitución Política del Estado y a las leyes.