Servicio militar obligatorio, ley de papel mojado a debate en Paraguay

Las largas filas protagonizadas por los objetores de conciencia han reabierto un debate ideológico en Paraguay en torno al servicio militar obligatorio, una práctica reconocida por la ley desde 1975 pero que actualmente no cuenta con herramientas jurídicas que garanticen su cumplimiento.

Las sanciones contra los objetores representan la única medida disuasoria, sin embargo el Partido Democrático Progresista presentó hace semanas un proyecto de ley para abolirlas, cuyo debate ha sido postergado por la Comisión Permanente del Congreso, tras rechazar una convocatoria extraordinaria de ambas cámaras, en receso estival.

Estas multas tienen un coste de 66 dólares (400.000 guaraníes) pero apenas generan un volumen de ingresos en las arcas del Estado, ya que los jóvenes se niegan a abonarlas y no existe un mecanismo para obligarles a hacerlo, según reconoció ayer el ministro de Defensa, Bernardino Soto.

Los jóvenes se amparan en una ley aprobada en el año 2010 que reconoce el derecho a la objeción de conciencia por motivos éticos y religiosos en Paraguay, lo que les exime de unirse a los ejercicios de las Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, el titular de Defensa abrió ayer la puerta a una reforma de la norma en la que se contemplaría la supresión de estas multas y se reajustaría su contenido de acuerdo a la realidad del país suramericano.

El resto de medidas punitivas para los objetores de conciencia que recoge la ley de 1975, elaborada durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), fueron abolidas como resultado de la entrada en vigor la Constitución de Paraguay en 1992.

Según explicó el Defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, los derechos protegidos por la carta magna paraguaya impiden que se pueda castigar a los objetores con sanciones que atenten contra la libertad de circulación, el derecho al voto, el acceso a la función pública o su incorporación al mercado laboral.

Además de la ausencia de herramientas punitivas para dar cumplimiento a la Ley del Servicio Militar Obligatorio, la escasa dotación presupuestaria para realizar el ejercicio también dificulta que todos los jóvenes paraguayos puedan sumarse al adiestramiento.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el ministro de Defensa, su cartera solo cuenta con fondos para cubrir las necesidades básicas y el equipamiento de 4.067 soldados durante el año que dura el adiestramiento, mientras que en 1992 la cifra de participantes superaba los 17.000 jóvenes.

En pleno debate ideológico sobre la continuidad de esta normativa, cientos de jóvenes acudieron antes de final de año al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, en Asunción, para inscribirse como objetores y reclamar un servicio comunitario sustitutivo.

La institución trabaja actualmente en el desarrollo de varios convenios públicos con organizaciones no gubernamentales, organismos del Ministerio de Salud, universidades o instituciones municipales para activar un plan que dé respuesta a las necesidades de estos jóvenes.

El futuro del servicio militar obligatorio se decidirá previsiblemente a lo largo de 2019, fecha que se ha impuesto el Gobierno paraguayo para negociar con todos los actores sociales una nueva normativa.

Entre tanto, el ministro de Defensa salió ayer al paso de las críticas, negando que se estuvieran produciendo “arreos” de jóvenes contra su voluntad y haciendo un llamamiento a la calma para no entrar en una “psicosis colectiva”.

El debate, al que se han sumado todos los partidos políticos y colectivos estudiantiles, ha alcanzado incluso al propio presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que en las últimas semanas se ha mostrado públicamente como un defensor del servicio militar.