TSJ avala juicio a Mesa y pide que la Asamblea lo autorice

APG

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio ayer vía libre al juicio contra el expresidente, Carlos Mesa (2003-2005), por el caso Quiborax. La Sala Plena determinó remitir el caso a la Asamblea Legislativa para que autorice o no un juicio de responsabilidades, se informó.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, señaló que “la Sala Plena ha considerado el día de hoy (ayer) el informe y la consulta emitida por la Sala Penal del Tribunal Supremo y ha emitido la resolución correspondiente, disponiendo la remisión de requerimiento acusatorio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional a afectos de que ella determine lo que corresponde en el ámbito de sus competencias”.

Informó que la decisión fue asumida por unanimidad de los siete magistrados con derecho a voto en el caso. Ahora toca que la Asamblea Legislativa conozca el proceso y, por dos tercios decida si autoriza o no el juicio.

Añadió que Edwin Aguayo y Olviz Egüez no fueron parte de Sala Plena porque ellos emitieron el informe de la proposición acusatoria contra el exmandatario.

Explicó que concluyó “la etapa del antejuicio” y precisó que se remitirán al Legislativo más de 3.000 fojas de ese proceso.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría, luego que un tribunal de arbitraje decidiera que el Estado pague una indemnización millonaria a la empresa Quiborax, expulsada durante el Gobierno de Mesa.

La Fiscalía General del Estado remitió al TSJ una proposición acusatoria redactada, el 22 de mayo, por la Procuraduría General del Estado, que acusa a Mesa por la pérdida de 42,6 millones de dólares, que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

El TSJ recibió el caso el 9 de julio y dos semanas después emitió su decisión. La Sala Penal analizó el proceso y el martes lo remitió a la Sala Plena, que este miércoles aprobó el pedido de autorización de juicio.

Mesa presentó memoriales pidiendo al TSJ rechazar la acusación. Al respecto, el presidente del Tribunal aclaró que esas solicitudes fueron de analizadas por la Sala Penal, mas no así de la Sala Plena.

Mesa: “es un linchamiento a través de un proceso judicial”

Tras conocer el fallo del TSJ, Carlos Mesa dijo que “no es otra cosa que un linchamiento a través de un proceso judicial”.

“No es otra cosa que un linchamiento a través de un proceso judicial, viene ahora el paso siguiente que es el de la Asamblea Legislativa Plurinacional vamos a esperar su palabra, no soy muy optimista lo que vaya a decidir por lo que el martes ya adelantó el presidente del Senado (José Alberto Gonzales)”, señaló.

“Lo que está haciendo el gobierno del presidente Evo Morales conmigo es un proceso, es un mecanismo, es un ejercicio de demolición de mi figura política, de demolición de mi honor y dignidad personal”, remarcó.

Mesa indicó que la mencionada estrategia de demolición del Gobierno contra su persona se puede traducir fácilmente en la “vergonzosa acusación a alguien que ha nacionalizado el Salar de Uyuni y ha expulsado a una empresa pirata (como es Quiborax)”.

Añadió que este es el contexto lamentable y vergonzoso que está enfrentando y va a enfrentar “con la misma fuerza, con la misma voluntad y con la misma entereza como lo he hecho hasta hoy”.

Afirmó que no bajará la cabeza y continuará en la tarea de comprobar que los verdaderos responsables del caso Quiborax son aquellos que, “en este mundo al revés”, lo están acusando.

“Soy víctima de una persecución política y una criminalización de la política y soy consciente de que mi deber como ciudadano es demostrarle al país cómo funciona y cuán podrido está el sistema judicial, independientemente de cuál sea la consecuencia”, manifestó.

Mesa también cuestionó la velocidad con que se realizó el proceso en su contra, puesto que en dos meses y tres días se pasó desde la denuncia hasta el aval del TSJ. Para el exmandatario, se comprueba la urgencia que tiene el oficialismo de condenarlos antes de que se produzca cualquier elección.