Y ¿la vocación ambientalista?

Nuestro país bajo la mira de los organismos internacionales en temas en los que el gobierno parece desarrollar políticas de tolerancia, como en el caso de la coca, o que desvirtúan los compromisos de protección del medioambiente proclamados tanto en foros globales, como en la Constitución Política del Estado. Informes, presentados por separado, han puesto al descubierto situaciones preocupantes que muestran contravenciones sobre compromisos con la comunidad internacional y con la ciudadanía.

La reciente visita de una misión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza puede derivar en informes negativos, luego de los hechos sucedidos en el Polígono-7 del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde los dirigentes de ese sector impidieron el ingreso de los miembros de la misión y hasta los retuvieron contra su voluntad, en un atropello a las normas legales. ¿Qué escondían los bloqueadores? El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, se encargó de revelar que en ese sector se encontró pozas de maceración y se destruyeron al menos dos laboratorios de droga.

Pero no sólo eso ocurre en algunos lugares del país. Simultáneamente al desagradable hecho en el Polígono-7, se informó sobre el aumento de los cultivos de coca en el país. En 2017, subió en 6% en comparación con el año anterior, según la última Encuesta de Cultivo de Coca presentada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y el gobierno de Bolivia.

En este período, la superficie cultivada se incrementó en 1.400 hectáreas de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500 en 2017. La mayor parte del incremento se dio en la zona del Trópico de Cochabamba. De acuerdo a los datos de la UNODC, los cultivos en los Yungas de La Paz aumentaron de 15.700 a 15.900 hectáreas, mientras que en el Trópico de Cochabamba de 7.200 a 8.400 hectáreas. “En la región norte de La Paz, el área cultivada disminuyó de 240 a 220 hectáreas”. En el Chapare se registró un aumento de 536 ha de cultivos de coca, de 3.708 ha en 2016 a 4.244 ha. en 2017.

Sin embargo, el Gobierno informó sobre un aumento en las actividades de racionalización y erradicación, de 6.577 a 7.237 hectáreas. Alrededor del 78 por ciento de estas actividades se llevaron a cabo en el Trópico de Cochabamba, el 18 por ciento en los Yungas y el Norte de La Paz y el 4 por ciento en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

La Encuesta también detectó la presencia de cultivos de coca en seis de las 22 áreas protegidas a nivel nacional. En estas áreas se identificaron un total de 253 hectáreas de cultivos de coca. El parque nacional más afectado por el cultivo de coca fue Carrasco, seguido por Cotapata, Isiboro Sécure y Amboró. (22/08/2018)

Producto del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se logró encontrar pozas de maceración y se destruyeron al menos dos laboratorios de droga en el Polígono 7 dentro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según reveló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. La autoridad detalló que las pozas de maceración y los dos laboratorios de droga fueron encontrados principalmente en cercanías de las comunidades de Ichoa, Aroma y Nueva Tacopaya.

Esta realidad, desgraciadamente, pone a nuestro país no solamente en evidencia sobre el aumento de la coca ilegal, sino en franca transgresión a los acuerdos de París para proteger el medioambiente, agredido en este momento por el crecimiento de cultivos ilegales, la construcción de caminos en áreas protegidas, así como la incursión de transnacionales en la búsqueda de hidrocarburos y la explotación de minerales, sin el consentimiento de la gente del lugar.